Se llevó a cabo una multitudinaria marcha de la sociedad civil para oponerse a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de CABA sea la última instancia que defina en causas de fueros nacionales. Tanto organizaciones sociales, políticas, profesionales como sindicales se acercaron la sede del TSJ de la ciudad de Buenos Aires para mostrar su repudio a la ley sancionada por la Legislatura que habilita a la justicia porteña a apelar fallos de la justicia nacional.
En dicha manifestación estuvieron presentes dirigentes de distintas procedencias que se reunieron con la clara intención de denunciar que se trata de una maniobra inconstitucional que atenta contra la institucionalidad. El enviado especial de Radio Caput, Juan Pablo Rosendo, obtuvo testimonios de algunos de los dirigentes que asistieron.
En primer lugar, Sergio Palazzo secretario general de la Asociación Bancaria y precandidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, calificó la maniobra de “dislate jurídico que da el marco de impunidad para la familia Macri, como ocurre con la causa del Correo Argentino y SOCMA” y agregó que de plasmarse esta resolución de la Legislatura porteña «significaría la pérdida de todos los derechos de los trabajadores, ya que un tribunal de justicia como el porteño, no garantiza ningún fallo ajustado a derecho». Y se preguntó: ¿Que pasaría si esto de subalternizar la justicia nacional a la de CABA lo hicieran los gobiernos de provincias como Formosa o Tucumán? Dirían que esto es Venezuela o Cuba, que se busca la hegemonía del poder, ya vemos como quienes se dicen defensores de las instituciones cometen este tipo de tropelías». Y aseguró que “ni las asociaciones sindicales de los trabajadores ni los colegios de abogados les van a permitir este dislate”.
Walter Correa diputado Nacional y secretario general de la Seccional Oeste de la CGT y de FATICA sindicato de curtidores de cuero, manifestó que “la derecha quiere mayorías, como tiene en la Legislatura de CABA, para asociarse a la monarquía judicial y de ese modo ir contra los intereses de los trabajadores; por eso es importante movilizarse, poner el cuerpo y denunciar que ésta es una maniobra de la oligarquía criolla y del macrismo que atenta contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
El diputado Nacional Leopoldo Moreau al ser consultado por las implicancias de esta resolución sostuvo que “rompe la organización del Estado argentino, esto es previo a la Constitución Nacional, significa volver al estado anarquía”, e hipotetizó “si todas las Legislaturas del las provincias hicieran lo mismo, se disuelve la Argentina”. A su vez, resaltó Moreau que “buscan crear una guarida para el clan Macri y así protegerlo de sus problemas judiciales”. Por último relacionó esta resolución con los recientes movimientos de la oposición en la Cámara alta: ”No es casual que el senador Martín Lousteau haya presentado un proyecto para eliminar las indemnizaciones por despido sin causa justa, con ésto buscan el respaldo judicial para destruir los derechos de los trabajadores”.
Eduardo López secretario general de CTA en CABA y referente de UTE también de CABA, manifestó que “esta ley rompe la pirámide jurídica que indica que primero está la justicia nacional y después las jurisdiccionales, existe la supremacía de las leyes nacionales frente a la ciudad, como frente a la de cualquier provincia. El TSJ no puede pasar sobre la Constitución Nacional”. Añadió Eduardo López que “le otorgan una guarida a Macri, así evita a la justicia”. Y sobre las consecuencias para los trabajadores sostuvo que «si alguien le hace un juicio al patrón por haber sido despedido injustificadamente sin el pago de una indemnización, este tribunal seguramente le va a dar la razón al patrón”.
Por último, para tener otra mirada de la situación, una vez terminado el acto la referente sindical de la CTA de la ciudad de Buenos Aires y secretaria de FEDUBA, la gremial de docentes universitarios, Belén Sotelo dialogó con Elizabet Vega Gron en el programa Lugares Comunes y destacó que “fue un acto con mucha potencia política ya que había organizaciones sindicales de todos los perfiles, junto a centrales gremiales universitarias y colegios de abogados. Quienes estuvimos hoy somos quienes resistimos en las calles los 4 años del macrismo«. Coincidió Belén Sotelo en que «esta ley busca generar la garantía de impunidad para Mauricio Macri». Sobre la norma sostuvo que «implica que los fallos laborales puedan ser revisadas por los tribunales de CABA, que como sabemos son amigos del poder. La Legislatura es una escribanía del gobierno porteño. Como se ve en el caso de una trabajadora que litigó contra Pedidos Ya, el ministerio de Trabajo ordenó a reponerla a su puesto laboral y apelaron al TSJ para detener la medida». Por todo esto llamó la referente sindical a «estar alertas, en las calles para defender los derechos y la República».
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