La disposición del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el sentido de prohibir la circulación sin permiso oficial para la compra a personas de 70 o más años de edad de alimentos o medicamentos en cercanías, provocó protestas y reacciones importantes. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace hincapié en la medida para desviar la atención sobre los contagios sucedidos en los últimos días del personal de salud en la Clínica La Providencia, en el Once, o el laboratorio de la sede central del Hospital Italiano, en Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, entre otros.
Si bien a juicio de los especialistas médicos, los sectores vulnerables ante la pandemia de este enemigo silencioso y devastador mundial llamado Coronavirus son los observados especialmente, este caso es sospechado de ser utilización política para intentar levantar un velo ante el drama de los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. En declaraciones públicas, estos «héroes» que no saben de mezquindades, denunciaron la falta de insumos protectores y cuidado adecuado.
También en la última rueda de prensa Rodríguez Larreta quedó sin respuesta sobre la denuncia de sobreprecios (¿corrupción?) en la compra de barbijos a razón de 3 mil pesos por unidad. El jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, fue señalado como responsable de esta compra.
Aquella franja etaria reconocida como de adultos mayores acumula experiencia y responsabilidad suficientes como para «no aceptar estas decisiones paternalistas». En cambio, denuncia que «hace años en la ciudad más rica del país hay alrededor de 7.000 familias (niños incluidos) en situación de calle», insisten. Además de las organizaciones que representan a la tercera edad, la Defensoria del Pueblo, a cargo del abogado Alejandro Amor y la que conduce el Eugenio Semino, no dudaron en oponerse a la medida oficial.
