La directora de Acceso a Justicia de la Secretaría de Géneros y Diversidades del Municipio de La Matanza María Florencia Piermarini resaltó que el Poder Judicial actualmente tiene muchas dificultades para determinar cuándo alguien sufre de violencia o cuándo corresponde que un niño se revincule con su progenitor, y sostuvo que “pese a que existen artículos en la convención de los derechos del niño que garantizan que se les debe escuchar, muchas veces los adultos ejercen presiones que permean en el mismo poder judicial que dificultan aún más la tarea”.
María Florencia Piermarini conversó con Nelly Minyersky y Andrea Cuéllar Camarena en el programa Somos Nosotras de Radio Caput y contó los desafíos de ser una abogada penalista con perspectiva de género que pone el cuerpo en casos renombrados de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como en el femicidio de Lucía Pérez o el de abuso sexual de los hijos de Andrea Vázquez.
Sobre este último caso manifestó Florencia que ”es tan difícil para un niño poner en palabras la violencia vivida, por eso es fundamental la figura de madre protectora que lo acompañe, porque el sistema judicial está lejos de garantizar una escucha como dice el artículo 12 de la convención de los derechos del niño. Por el contrario a menudo los dejan en soledad». Andrea Vàzquez sufrió en primera persona el desamparo, ya que estuvo tres años sin poder ver a sus hijos luego de que denunciara a su exmarido por haber abusado sexualmente de ellos y de ejercer violencia física y psicológica. Pese a que existían suficientes pruebas en su contra, el juzgado de menores no los escuchó. Recién cuando los menores alcanzaron la mayoría de edad, el sistema judicial tomó su declaración. Sostuvo al respecto Florencia Piermarini que “para poder dar un veredicto debo saber cuál es el origen, el entorno en que pasó, le tengo que explicar las consecuencias al niño, debemos asegurarle una cierta seguridad. Debemos pensar en el futuro de ese niño ¿Alguien le explica a una niña madre de 12 años, que es obligada a parir lo que significa para el resto de su vida ser madre a esa edad? Y también debemos preguntarnos ¿Qué es escuchar realmente al niño? ¿Por qué tiene la victima que quedar grabada en una cámara Gesell? Es una revictimización explícita. Un niño puede o no tener ganas de hablar, para que se sienta cómodo hace falta una técnica, una persona capacitada, un protocolo. Los niños que denuncian no tienen un protocolo que los jueces deban aplicar”.
Añadió la abogada que «Andrea Vázquez es un caso típico en Buenos Aires, pero esto sucede en todo el país. Es un tipo de violencia permanente. Se las acusa a las madres del síndrome de alienación parental (cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor) y se las multa, se las denuncia por impedimento de contacto, cuando lo que realmente sucede es que un progenitor violento se victimiza. En la actualidad existe una Ley de impedimento de contacto, por la que se obliga a un niño a tener contacto con alguien que lo agredió, el mismo sistema penal muchas veces obliga a la revinculación no consentida. Frente a esta situación de un poder judicial patriarcal no tenemos más herramientas que una recomendación de la defensora de niños, niñas y adolescentes sobre qué hacer, pero es sólo una recomendación quedamos al arbitrio de los operadores del sistema judicial. En haras de una revinculación se corre el riesgo de dejar a un niño con su abusador, lo cual es muy peligroso. No puede ser que no se priorice la integridad psicofísica del niño, al deseo un progenitor de revincularse. Cuando hay contraposición de derechos entre los del niño y el adulto, se debe priorizar los del niño ya que es el más vulnerable”. Y agregó la abogada que «hay q militar para derogar la Ley 24270 de 1993, el impedimento de contacto no puede forzar una revinculación con un abusador. Esa Ley expone a las mujeres, que son mayormente quienes tienen la custodia del menor, y les fija penas de prisión. Hay un síntoma de violencia intrafamiliar en la región que no podemos dejar de mirar, y actuar modificando las leyes».
Sobre el sustrato en el que debe ejercer su profesión de abogada penalista afirmó Florencia Piermarini que “el poder judicial es el que tenemos, es el mismo que se niega a capacitarse en la Ley Micaela, más que nada hace falta una concientización que cambie el paradigma y que sea permanente. La capacitación de 2 meses no parece suficiente, es necesario reflexionar acerca de estos temas constantemente ya que estamos peleando contra el patriarcado que lleva siglos”.
Sobre si la psicología puede detectar abusos sin violación, en los que no hay posibilidad de constatación objetiva de los peritos recalcó que “en casos donde no dejan huellas en el cuerpo, los profesionales y psicólogos pueden detectarlo. Sin embargo, lo que a menudo pasa es que esos psicólogos que acompañan a las víctimas son perseguidos y hostigados, incluso corren peligro de perder su matrícula profesional. Hay organizaciones de progenitores con patrocinadores reconocidos y mediáticos. Usan argumentos como la falsa memoria. Yo siempre digo que las niñas y niños no mienten. A veces hablan sólo una vez, o a través de juegos, pero los abusadores si suelen mentir y manipular, o negarse a declarar, y tienen todas las garantías para hacerlo».
Por último manifestó Florencia Piermarini que «no hay dimensión del efecto postraumático del abuso. Es una picadora de carne, no hay empatía en el sistema judicial con la víctima, muchas veces las defensas transgreden límites éticos. Pese a todo este panorama sombrío, en el que debemos intensificar nuestras luchas justas a diario, tenemos una flamante Ley de Víctimas que empieza a tratar estos problemas más profundamente”.
Pasó en Caput. #SomosNosotras.
