Un año después de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Valeria Isla, señaló que «el gran desafío es achicar la brecha de desigualdad en la posibilidad de acceso entre las distintas provincias».
La funcionaria afirmó que se avanzó en la implementación de la política pública. Y detalló que, de todas las provincias, se reportaron 32.758 abortos seguros, realizados en el sector público, y 14 derivaciones entre provincias para acceder al derecho.
A su vez, explicó que se aumentó la cantidad de hospitales públicos que garantizan la práctica. Y sostuvo que «el gran desafío es achicar la brecha de desigualdad en la posibilidad de acceso entre las distintas provincias».
Por otro lado, habló de los protocolos: de acceso a la atención para el IVE, para la atención a víctimas de violaciones, de la atención temprana de abuso sexual y embarazo forzado. Y destacó que «son herramientas para que los equipos de salud brinden una adecuada atención y consejería».
También detalló que la inversión durante el año 2.021 fue de 85 millones de pesos y se prevén 100 millones para el año 2.022. Y agregó que «la idea es estimular la producción de laboratorios públicos de Misoprostol a lo largo del país».
Por último, concluyó que es muy importante construir, desde la dirección nacional y en diálogo con organismos de la sociedad civil, una campaña de difusión «para que la población se entere de este derecho y se mejore la implementación de la ley».
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