El siguiente informe del Centro de Economía Política (CEPA) analiza los aspectos centrales del debate previsional relacionado con la prórroga de la moratoria jubilatoria: la situación de las personas próximas a cumplir 60 o 65 años y las condiciones para acceder a la jubilación, datos del mercado de trabajo en Argentina que permiten graficar el desanclaje existente entre el mercado laboral y el Sistema de Seguridad Social y la sustentabilidad del sistema previsional en relación con las moratorias.
En virtud de las discusiones que despiertan las moratorias jubilatorias, el siguiente informe intenta esclarecer la necesidad social de que los adultos mayores cuenten con una jubilación digna, analizan su sustentabilidad económica, mientras que desmitifica el «gasto presupuestario excesivo» que significan para el erario público.
Coyuntura
El esquema actual para acceder a la moratoria previsional, que tiene vigencia desde 2014, finaliza el 23 de julio próximo. El Presidente Alberto Fernández anunció su prórroga, tomando la “decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”. Actualmente en el Congreso de la Nación hay un proyecto que cuenta con media sanción para ampliar la moratoria previsional.
Esa herramienta permitió el acceso a una jubilación a más de tres millones de personas que no tenían posibilidades de jubilarse dado que no contaban con los extremos legales para recibir el beneficio.
Si se analizan los últimos datos de marzo 2022, de los 5,2 millones de pagos en jubilaciones realizados, sólo 1,8 millones fueron a trabajadores con más de 30 años de aportes. Y en el mismo sentido, si se observa el conjunto del año 2021, el 64,8% de quienes accedieron a una jubilación lo hicieron a partir de una moratoria previsional que les permitió alcanzar el haber mínimo a quienes no contaban con aportes suficientes.
En el presente, sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria presentan más de 20 años de aportes y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse. Dentro de este grupo, los que superan los 25 años de aportes (es decir, quienes podrían jubilarse ni bien cumplan la edad jubilatoria) se reduce a sólo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100.
La desocupación e informalidad laboral persistente implican fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria. En ese escenario, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones.
El Costo Fiscal
Suelen escucharse voces críticas a las moratorias que indican que el sistema
previsional “está quebrado” como resultado de la aplicación de dicha política.
Del análisis de los datos histórico se pudo concluir que la moratoria jubilatoria (11/2005) fue acompañada de una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones. Esto se explica porque los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015; a la par se produjo un crecimiento significativo del empleo, que fue acompañado de una mejora en la calidad de los trabajos existentes y nuevos; también se redujo fuertemente la informalidad entre 2003 y 2015; y por cierto no se promovió reducción de contribuciones ni aportes que afectaran la recaudación del sistema. Es decir, la expansión de la cantidad de personas con acceso a la jubilación se dio al mismo tiempo que mejoró la cobertura del sistema previsional con aportes propios.
Esto se contrapone a lo sucedido con posterioridad. Entre 2016 y 2019 se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores/as activos, el salario real y se promovió la reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación de un mínimo no imponible sobre el que no se paga. En este período, se redujo significativamente el porcentaje de Aportes y Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social. Es decir, entre 2016 y 2019 empeoró la sustentabilidad del sistema.
Si se considera que todas y todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, el costo fiscal de este proyecto, en caso de aprobarse, alcanzaría aproximadamente 0,04% del PBI.
Conclusión del informe
La decisión del Presidente Alberto Fernández, y la eventual aprobación del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Congreso, lograrán promover el acceso al derecho a la jubilación de las personas mayores que, por haber afrontado dificultades en su vida laboral activa, no tienen la totalidad de sus aportes, impulsando para ello la regularización de su situación. De esta manera se procura que, por un lado, aquellas personas que no cuentan con los 30 años de aportes que pide la ley, puedan acceder a una jubilación, al tiempo que quienes aún están en edad pre jubilatoria (10 años antes de jubilarse) puedan computar años de servicio.
Puede acceder al informe completo en el siguiente enlace: Ampliación de las moratorias previsionales – CEPA 18.07.2022-2
