El pasado 12 de julio nos encontramos para seguir haciendo aportes para una justicia democrática con perspectiva de género y buscando responder a la pregunta: ¿Qué Corte necesita un estado de derecho?
El panel es organizado por Radio Caput y la revista Género y Derecho Actual (GDA), en colaboración con la Asociación Americana de Juristas para orientar a la sociedad civil sobre los pasos a seguir para alcanzar una justicia más eficiente que resguarde sus derechos.
Se trata del tercer encuentro, en este caso disertaron los abogados Natalia Salvo y Gustavo Ciampa quienes reflexionaron acerca del rol que tiene el poder judicial en la efectivización de los derechos, contó con Andrea Cuellar Camarena como moderadora y se llevó a cabo en el bodegón Paco´s.
Para ver el encuentro completo puede acceder al siguiente vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=LOqAWFYM1Bg
Gustavo Ciampa, presidente de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas 7 de Julio, docente de la UBA y asesor del Congreso de la Nación, en primer término desmitificó que exista una industria del juicio laboral. En ese sentido, aportó datos concluyentes. «Escuchamos hablar de la industria del juicio lo cual en teoría hace que los empresarios no contraten personal, sin embargo, eso es una falacia» señaló.
Y amplió que «la litigiosidad laboral es muy baja, en 2021 por ejemplo se iniciaron 53.000 juicios laborales en la CABA, que es donde las empresas tienen mayormente sus sedes, y proyectando al país se iniciaron unas 132.500, lo que representa el 2% de los que se podrían haber iniciado, incluyendo accidentes y enfermedades laborales. Por lo que el 98% no inicia juicio por miedo a perder el trabajo o porque éstos demoran en promedio 5 años y actualmente muchos de esos juicios los pierden los trabajadores. Incluso cuando los cobran el monto no se actualiza al ritmo de los intereses reales, por lo que el poder judicial no les da respuesta, sino que les licúa el monto a cobrar” resaltó Gustavo Ciampa.
Ciampa, a su vez, resaltó que “las y los trabajadores no registrados tienen los mismos derechos que los registrados, no obstante, no tienen las mismas condiciones para que se los respeten”, y concluyó que “faltan instancias control el cumplimiento y respeto de la normativa laboral”.
«El poder judicial tiene un carácter instrumental, está previsto para el resguardo de las personas. A diario vemos cómo se considera un fin en sí mismo y sus integrantes olvidan su función. Hay cientos de miles de causas frenadas y no se usa el fondo presupuestario que administra el Consejo de la Magistratura para esta emergencia» señaló Ciampa.
Natalia Salvo, abogada laboralista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de José C. Paz (UNPAZ), recalcó que en última instancia las deficiencias del poder judicial, así como en la formación de las carreras de derecho, son funcionales para fines geopolíticos, haciendo que los funcionarios tanto judiciales como de los otros poderes del Estado sean disciplinados para no tomar decisiones en favor del pueblo.
En un comienzo, Salvo señaló que esta estructura del Estado y del poder judicial está pensada para una sociedad que no tenía esta complejidad, la del siglo XIX. Hoy existe la necesidad de que haya controles y afirmó que «el Consejo de Magistratura no cumple con esa función por la que fue creado». Y se preguntó: ¿Por qué tenemos leyes y no podemos aplicarlas? El derecho penal actualmente interviene los sindicatos, coartando la libertad sindical como hace 150 años. El móvil de ese poder judicial y de quienes aplican y enseñan el derecho tiene que ver con un modelo económico de exclusión. «La libertad es sólo libertad de mercado» afirmó Salvo.
Al respecto dio ejemplos ilustrativos de una poder judicial que se toma excesivas atribuciones. «¿Por qué la Corte Suprema se constituyó como perito médico para obligar a que los chicos vuelvan a la escuela en plena pandemia? ¿Por qué intiman al Poder Legislativo para que saquen una ley en 120 días? Pareciera que son la sustitución de la divina providencia, la razón quedó reemplazada por el poder supremo de los jueces, que constantemente tratan de invisibilizarlo de modo de hacer que desaparezca el conflicto y que se consoliden las desigualdades» señaló. Y amplió, «incluso cuesta que al interior del poder judicial se cumplan las leyes de género, hay un discurso patriarcal que debemos cuestionar, si no vemos las desigualdades no podremos ver al poder judicial como un instrumento de igualación».
«Hay un disciplinamiento que funciona también contra los funcionarios del poder judicial. En ese respecto indicó que «no debemos perder de vista el factor geopolítico que sirve para disciplinar a los poderes del Estado, tan es así que los funcionarios temen firmar y diseñar políticas públicas para las mayorías. Vimos como encarcelaron a Amado Boudou por nacionalizar las AFJP». «Tenemos normas nacionales e internacionales que son ignoradas. Tenemos normas muy ricas, convenios con la OIT» recalcó Natalia Salvo.
Por último analizó que la falta de respuestas de un poder judicial es incompatible con la democratización. «Si la ciudadanía no tiene acceso a la justicia, con la consecuente precarización del goce de derechos, hace que no se consolide la democracia. Así se perpetúan las relaciones de dominación. El derecho debe tener un contenido social, la ausencia de conflicto se utiliza para negar las desigualdades en lo laboral, en el género y en todos los aspectos».
«Si el pueblo no sabe que es el último destinario de ese poder judicial que debe darle acceso a los derechos, difícilmente podremos interpelarlo para que mejore ese funcionamiento estructural» agregó. «Tenemos que volver al derecho como un instrumento de emancipación y no como una consolidación de las relaciones de poder» concluyó Salvo.
Pasó en Caput. Derecho democrático con perspectiva de género.
