El director del programa de atención a inquilinos de la Defensoría del Pueblo, Fernando Muñoz, habló sobre la siuación de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, y explicó: «En relación a lo que era el año pasado prácticamente se duplicó la cantidad de inquilinos que consultan porque no pueden pagar el alquiler», y añadió: «En las relaciones de alquiler el precio es absolutamente libre, no hay ningún tipo de regulación, la legislación en muchos casos no se cumple«.

¿Es cierta esta información?

«Sí, hicimos un estudio de los inquilinos que se acercaron a la Defensoría desde la última devaluación importante, hace 20 días. En relación a lo que era el año pasado, prácticamente se duplicó la cantidad de inquilinos que consultan porque no pueden pagar el alquiler, porque tienen que terminar el contrato anticipadamente, antes de los 24 meses, lo cuál significa que tienen que pagar una multa», aseguró Muñoz.

«O de muchos individuos que se acercan preguntando si es cierto o legal que le puedan, una vez terminado el contrato, aumentar un 70 o 50 por ciento en el mismo inmueble, como muchas veces son los planteos de las inmobiliarias a o los propietarios», concluyó.

¿Qué le recomiendan a una persona que alquila y no puede llegar a pagarlo?

«Primero hay una situación concreta que es que en las relaciones de alquiler el precio es absolutamente libre, no hay ningún tipo de regulación, la legislación en muchos casos no se cumple. Por ejemplo, ocurre que el 95 por ciento de los inquilinos ni si quiera tienen una factura contra el pago del alquiler, porque el nivel de evasión es altísimo, y además el código civil no protege para nada al inquilino», aseguró Muñoz.

«Nosotros lo que hacemos es intervenir directamente llamando al propietario, llamando a la inmobiliaria, para proponerles una prórroga, una extensión mínima del contrato, un paliativo. Obviamente que el problema es mucho más estructural y de fondo porque es la primera vez en la historia que los inquilinos dejan prácticamente la mitad de los ingresos en el alquiler de vivienda«, afirmó.

Dada esta situación que nos estás planteando, ¿no hay ningún criterio para subirlos o para poner los precios?

«No, nosotros podemos ser vecinos de un mismo edificio, alquilar ambos departamentos muy similares con la misma superficie, en el mismo barrio, y con la misma antigüedad del departamento y tener precios totalmente distintos porque esa es una libertad que tiene el mercado inmobiliario de fijarlos», explicó el integrante de la defensoría del pueblo.

«Uno como inquilino se encuentra frente a una situación en la cual le dicen el nuevo precio y lo único que se mantiene vigente es la prohibición de cambiar el precio del contrato mientras está vigente».

Hay una nueva Ley de Alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que notan ustedes de eso?

«Respecto a la comisión inmobiliaria, que desde el 2007 estaba vigente en la Ciudad de Buenos Aires, que el inquilino tenía que pagar un mes de comisión inmobiliaria y hubo un incumplimiento constante porque prácticamente se pedían dos meses en el momento de firmar contrato», sostuvo.

«En 2017 se votó prácticamente que la comisión la paga el propietario y los inquilinos tenemos que pagar los informes de registro propiedad inmueble, y los gastos de la certificación del contrato en la escribanía, en caso que el propietario pida eso también. Eso es el único gasto que hay además del mes inicial y se está pidiendo en general un mes de deposito del último mes del contrato que es el más caro», cerró Muñoz.

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