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La abogada Elizabeth Gómez Alcorta forma parte del grupo de militantes que presentaron las denuncias penales contra el gobernador de Tucumán Juan Manzur, y otros funcionarios y funcionarias que impidieron la interrupción legal del embarazo en una niña de 11 años que fue violada: “Impidieron el protocolo para estos casos durante casi cinco semanas. Todo esto en un marco de absoluta ilegalidad”, expresó Gómez Alcorta.

Durante la última semana del mes de febrero se hizo público el caso de una niña de 11 años, que como consecuencia de una violación intrafamiliar, acudió al Hospital del Este Eva Perón en busca de una interrupción legal del embarazo, pero se encontró con un sistema que continuó violentándola. El aborto es legal en caso de violación desde 1921 y a partir del Fallo F.A.L. el procedimiento no precisa de una orden judicial para poder ser llevado a cabo.

En la provincia de Tucumán forzaron a Lucia (nombre utilizado para proteger su identidad) a gestar durante cinco semanas más, impidiendo la posibilidad de intervenirla químicamente y sometiéndola a un procedimiento mucho más invasivo, como lo es una cesárea. La denuncia está dirigida al gobernador Juan Manzur, la ministra de salud Roxana Chahla, al secretario de Salud Gustavo Vigliocco y la directora del Hospital del Este Eva Perón Elizabeth Avila.

“Lucía llegó a la guardia con dolores, contó que había sido violada por la pareja de su abuela y manifestó el deseo de interrumpir ese embarazo. La madre también prestó el consentimiento para que así fuera”, afirmó Elizabeth Gomez Alcorta, abogada del Frente Patria Grande y una de las denunciantes de los y las funcionarias que obstaculizaron el derecho de la niña. Además, explicó: “Hubo una serie de intervenciones judiciales, acciones, órdenes de parte de funcionarios que impidieron y obstaculizaron el procedimiento, incumpliendo el protocolo para estos casos, durante casi cinco semanas más, lo que derivó en una cesárea por el avance del embarazo. Todo esto en un marco de absoluta ilegalidad”.

Gómez Alcorta identificó este accionar como una respuesta del sector más conservador de la sociedad y aseguró: “Hay una parte muy vinculada al momento de avance de los feminismos, que viene a mover todas las estructuras. Hay recrudecimiento de cierto fundamentalismo conservador que está presente socialmente y en casos como este se alinean y trabajan juntos”. “El arzobispo de Tucumán hizo publico el nombre de la niña, el director del Ministerio Público de la Defensa dio una orden para que hicieran una presentación en nombre del niño por nacer, todos las médicas y médicos del hospital se presentaron como objetores de conciencia, tuvieron que llevar a una médica externa para llevar adelante la intervención”, describió la abogada sobre el accionar de los actores públicos.

El Estado, en vez de protegerla y resguardar su derecho, la exponen, la someten a cinco semanas de embarazo no deseado. Lucia tenia una presión mayor a 180, o sea, que su salud también corría peligro”, remarcó la abogada sobre las condiciones de salud en la cuales se encontraba la niña al momento de la cesárea y agregó: “Lucía se autolesionó durante esas cinco semanas y está con tratamiento psiquiátrico”.