El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat afirmó sobre los presos políticos que el próximo gobierno «no puede tomar intervención en causas en trámite. Tenemos que empezar respetando el texto constitucional, que ha sido vulnerado en su supremacía por la gestión macrista«.
Venimos de una victoria electoral, ¿Como crees vos que se puede empezar a resolver esta debacle institucional?
«Puede ser que el cambio de gobierno sea piedra para que comience a desvanecerse el Lawfare que instaló el gobierno de Macri para tratar de aniquilar a la oposición. Debemos señalar que estas formas de persecusión judicial tienen la finalidad de destruir a la persona en su integridad física y psíquica, y también de despojarlos de su patrimonio y convertirlos en muertos civiles«, sostuvo, en diálogo con el programa Para La Libertad.
¿Cuál sería, desde su lugar y experiencia, el aporte que haría el gobierno entrante sobre la situación de los presos políticos?
«El Poder Ejecutivo venidero no puede tomar intervención en causas en trámite. Tenemos que empezar respetando el texto constitucional, que ha sido vulnerado en su supremacía por la gestión macrista«, sostuvo el abogado.
«Lo que corresponde es que los defensores hagan nuevos planteos para la nulidad de las causas, señalando su parentesco con la causa de los cuadernos y el dictamen del fiscal Di Lello, que tiene que ser una especie de estrella orientadora».
«Si el Estado quisiera dar un gesto sobre esto podría presentarse el Procurador del Tesoro de la Nación diciendo que esas causas mal iniciadas, mal gestionadas y con sentido persecutorio ofenden al Estado de derecho y por lo tanto deben ser anuladas. Sería una aportación muy comprometida, pero que en este caso permitiría restablecer el fiel de la jurisdicción, y creo que en ese sentido debemos propiciarlo», explicó.
«Yo creo que el futuro Procurador del Tesoro va a tener una enorme labor, porque serán no solamente estas causas persecutorias, sino también el carácter espurio de la contratación de la deuda externa. Las atribuciones que se tomó el Poder Ejecutivo Nacional de poner en garantía de repago de la deuda los recursos naturales existentes en el territorio de la nación argentina, que conforme con la constitución son de las provincias», concluyó.
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