Los trabajadores de la Televisión Pública realizarán un abrazo simbólico contra las políticas de vaciamiento del canal estatal, el martes 23 de enero a las 14, en el edificio histórico de la TV Pública (Figueroa Alcorta y Tagle). Además acompañarán numerosos artistas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.
El delegado de la Televisión Pública, Agustín Lecchi, contó: “El canal sólo está produciendo integramente dos programas: “Televisión Pública Noticias” y “Cocineros Argentinos”. Por primera vez en décadas, los últimos dos fines de semana no hubo noticiero. Lo que están haciendo es muy grave y viola derechos fundamentales”.
Además, el delegado explicó que entienden las políticas que lleva adelante el canal como “un ataque general a la libertad de expresión, a la información pública, y una censura y privatización encubierta al único canal que llega a todo el país”; y manifestó: “La campaña de demonización que comenzó Hernán Lombardi contra los trabajadores y el ataque a nuestros derechos laborales tiene como objetivo final reducir el canal a su mínima expresión y vaciarlo de contenido”.
Martes abrazo a la TV PUBLICA. APOYEMOS A NUESTRO CANAL Y A SUS TRANAJADORES pic.twitter.com/qAnoHkl0mJ
— Barbara Garcia (@re_superblonda) 22 de enero de 2018
Lecchi también advirtió que las jubilaciones anticipadas no tienen que ver con un problema de presupuesto, ni de “optimización de recursos”: “La semana pasada denunciamos que gastaron 1.400.000 pesos en una consultora privada para analizar sesenta casos de jubilaciones anticipadas. Es decir, para reducir puestos de trabajo no tienen problemas en gastar sumas millonarias, para sustentar la pantalla y cumplir las leyes laborales plantean la austeridad”.
Por último, denunció: “Carla Piccolomini, la esposa del ministro Andrés Ibarra (que plantea la optimización de los recursos en el Estado) estuvo dos años trabajando en Canal 7 en relaciones institucionales, un cargo para el cual no concursó y en el que cobraba 196 mil pesos todos los meses. Con lo cual, los funcionarios no tienen autoridad moral para llevar adelante estas políticas de vaciamiento”.
Pasó en Caput.
