La exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, conversó con con Marcela Carlomagno y Cristina Caamaño en el programa Justicia sin Vueltas sobre la violencia institucional judicial y las persecuciones a los magistrados durante el gobierno de Mauricio Macri. “Es un momento en que nos deprimimos, porque vemos las secuelas del lawfare. Pero el activismo por la persecución política convive con otra clase de activismo, con el compromiso por una manera distinta de hacer justicia», sostuvo.
Alejandra Gils Carbó se refirió en Justicia sin Vueltas a la violencia institucional judicial ejercida a lo largo de la historia, y en particular durante los cuatro años de macrismo, con persecuciones a jueces y fiscales y la utilización del lawfare como método. “¿Cómo erradicar estas malas prácticas, que a mi juicio todavía no están erradicadas?”, se preguntó. “¿Cómo seguir trabajando para que la Justicia mejore, una Justicia más cercana a la gente, más comprometida con los derechos de las minorías y los sectores postergados, a los que les es más difícil llegar a la Justicia?”
Le exprocuradora describió en un breve recorrido las articulaciones y los alcances de esa violencia institucional: “Tengo 30 años en la Justicia, y el tema del poder y la Justicia ha sido algo estructural, lo que es la hegemonía de la Justicia y su utilización como herramienta de dominación. Lo hemos visto a lo largo de la Historia: golpes de Estado, dictaduras, las llamadas leyes de facto, las violaciones a los derechos humanos. Un poder que, a pesar de lo que dice la Constitución, se ha expresado con escasa independencia, y con un denominador común, que en los últimos tiempos llegó a su punto máximo, que es la violencia. Una violencia que es parte del propio Poder Judicial, que siempre fue simbólica en la mayoría de los tiempos, y que tiende a tratar de reproducir ese sistema hegemónico en todos sus operadores”.
“Siempre sentí esos límites impuestos desde donde uno no debía correrse o desde donde uno no debía pensar más allá. El ‘siempre se hizo así’, un latiguillo que era como un látigo, que siempre se expresaba en prácticas absurdas que se legitimaban. En realidad tenían que ver con esa igualdad aséptica que reproduce las desigualdades. Con esa homogeneización que siempre se buscó, que dejaba fuera del acceso a la justicia y al derecho a los más débiles: a los indígenas, a los campesinos, a los migrantes, a las mujeres, que tanto tiempo esperamos ser oídas en los casos de violencia y de derechos”.
“Todo esto es un esquema funcional a este sistema de dominación que ejerce violencia simbólica y que en sus momentos más crudos llaga a la violencia institucional, porque son dos caras de una misma moneda”.
“Por eso estos juicios políticos a integrantes de Justicia Legítima, por eso la estigmatización desde el inicio, porque Justicia Legítima se corría más allá de lo que se permitía decir. Nos ha valido a todos sus integrantes esta persecución desmesurada de los últimos cuatro años”.
Gils Carbó se refirió a su vez a las transformaciones se abrieron paso en el ámbito judicial en los años de democracia, y consideró que «no fue la Justicia la que de sus recursos sacó la lucha y el activismo para los cambios, fueron las organizaciones de derechos humanos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos populares, las asociaciones de consumidores, que trabajaron para empujar a la Justicia a que sea mejor”.
“Es un momento que nos deprimimos, porque vemos las secuelas del lawfare, que todavía no se ha desarticulado, que no es un fenómeno local, sino regional. Pero este activismo por la persecución política convive con otra clase de activismo, con el compromiso por una manera distinta de hacer justicia, que justamente representan muchos de los asociados de Justicia Legítima, y otras personas que sin pertenecer comparten el mismo ideario. Es bueno no olvidar que estas dos cosas existen”.
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