Al cumplirse seis años de la detención de la líder de Tupac Amaru, Milagro Sala, se realizó un acto virtual reivindicatorio de la dirigente de la Tupac Amaru, artífice de una obra monumental de piletas para chicos en Alto Comedero, de la construcción de viviendas para obreros; y como organizadora de un movimiento político único que vinculaba a los derechos de los pueblos originarios con los movimientos de masas.
Referentes de derechos humanos, miembros del gabinete nacional, legisladores, dirigentes sindicales y sociales, artistas y periodistas pidieron su libertad y expresaron que «con presos y presas políticas no hay democracia plena».
Los adherentes remarcaron que su detención es «arbitraria e ilegal». «El caso de la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública», agregaron los firmantes en referencia al armado de causas judiciales durante el gobierno de Mauricio Macri.
En el documento, que lleva entre otras firmas las de representantes de los Derechos Humanos como Nora Cortiñas, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, Vera Jarach y Lita Boitano, resaltaron que aún hay otros siete presas y presos políticos de la Tupac Amaru, la organización social que «más ha hecho para garantizar los derechos de los vulnerables».
«Se trata de una persecución a la militancia» en Jujuy. «Queremos clarificar los hechos (…), no solo de la detención ilegal y arbitraria de la compañera sino también de la vulneración y el deterioro del Estado de Derecho en Jujuy a través de la actuación de quienes ejercen las máximas responsabilidades en la función judicial y fiscal», argumentaron.
«La criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el macrismo fue una constante que en el caso de Milagro y sus compañeras y compañeros pone de manifiesto la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices. Debe cesar cuanto antes porque lesiona gravemente la democracia», concluyó el comunicado.
Todo comenzó poco después de que se produjeran las elecciones de 2015 que determinaron que Mauricio Macri fuera presidente y uno de sus aliados fuera el flamante gobernador de Jujuy de la UCR, también recientemente incorporada a la alianza Juntos por el Cambio en la convención de Gualeguaychú. El 17 de diciembre del 2015, por propuesta del Poder Ejecutivo liderado por el gobernador Gerardo Morales, se aprobó la nueva conformación del Superior Tribunal de Justicia. Ahora está conformado por nueve integrantes, de los cuales algunos fueron parte de los legisladores que votaron la nueva composición. Es decir, eran diputados radicales que respondían al mandato de Gerardo Morales. Ellos son: Beatriz Altamirano -diputada radical que votó por la ampliación del tribunal y al día siguiente juró como jueza-, Pablo Baca -diputado radical que también votó a favor, estando denunciado por abuso sexual y tras renunciar, fue devenido en juez- y Clara de Langhe de Falcone -funcionaria durante la dictadura cívico militar en San Pedro de Jujuy, legisladora radical, fue denunciada por apropiación de una menor y hoy también es jueza. Los últimos tres nombrados son: Federico Otaola -candidato a vicegobernador, fue denunciado por manipulación del sistema informático de distribución de causas y también, actualmente, es juez-, Laura Nilda Lamas -también manipuló al sistema informático de causas-, Ekeel Meyer -último en ingresar, militante radical, fue diputado y ministro de Seguridad, responsable de la detención de Sala; también creó la oficina de inteligencia y persiguió a otros dirigentes.
De allí en adelante la máxima instancia del Poder Judicial provincial respondería sin ambigüedades al gobernador y a su ambición sin límites. Milagro fue apresada sin causa, acusada de estar donde no estaba, de cobrar sobreprecios que no existen. Sus carceleros fueron acumulando causas inventadas, para hacernos suponer que en alguna era culpable, y que iba presa de manera preventiva por «una fuerte presunción» y mientras tanto el poder mediático la deshumanizaba a diario. Lo cierto es que no se demostró nada más que la ineficiencia de la democracia jujeña y del Poder Judicial nacional. Alberto Fernández declaró recientemente en una entrevista radial que era un escándalo que la Corte Suprema de la Nación tuviera «cajoneada» la apelación que define la libertad de Milagro Sala.
Otra muestra de la «falta de independencia de poderes» en Jujuy, para no llamarlo meramente autocracia, se produjo tras las difusión de los audios donde Pablo Baca, juez supremo, admite que la dirigente social está detenida «no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas».
Poco después, por si quedaban dudas, el fiscal letrado del Tribunal de Cuentas de la provincia de Jujuy, Nicolás Snopek, denunció en la Justicia Federal al gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, por amenazas. Nadie puede interponerserle en Jujuy y la justicia nacional es indiferente. Solamente las presentaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas provisionales a favor de Milagro Sala con respecto al Estado de Argentina, porque consideraba que el Estado había incumplido las medidas cautelares dictadas en su favor. A juicio de la Comisión, existían suficientes elementos para considerar que, entre otros aspectos, las condiciones de detención de Milagro Sala constituían una situación de hostigamiento y estigmatización que ponía en riesgo su vida e integridad, y la salud mental. Por lo anterior, la CIDH dispuso que el Estado argentino debía adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la beneficiaria; concertar con ella las medidas a tomar; y teniendo en cuenta la excepcionalidad de la detención preventiva, adoptar medidas alternativas, tales como el arresto domiciliario o que la beneficiaria Sala enfrentara el proceso en libertad.
