Luego de que el gobierno nacional dejó sin efecto el acuerdo Foradori y Duncan, en Radio Caput entrevistaron a dos especialistas en la cuestión Malvinas: Guillermo Carmona y Ernesto Alonso.
Foradori-Duncan es un acuerdo firmado en la embajada británica en Buenos Aires por el entonces vicecanciller Carlos Foradori con Alan Duncan, quien estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. El acuerdo daba licencia a Gran Bretaña para explotar los recursos naturales y realizar actividades productivas prohibidas, al menos hasta que se resuelva la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas.
El pacto permitía remover los obstáculos para el «crecimiento» económico de las islas, por lo que otorgaba legalidad a actividades que son ilegales desde hace 190 años, como la pesca y explotación hidrocarburífera, la cooperación militar con la potencia ocupante y la cooperación para el acceso antártico. Además, permitía los vuelos a un tercer país posibilitando una zona de tránsito para los barcos que operan ilegalmente y para el recambio de tropas que operan ilegalmente en la base militar británica en Malvinas.
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur dependiente de la Cancillería de la Nación, Guillermo Carmona, afirmó que «Foradori-Duncan era un pacto de entrega». Carmona contó que «el gobierno de Macri tuvo una agenda absolutamente funcional al interés británico». Y agregó que se buscó «poner en el centro la cuestión de la soberanía en Malvinas«.
El secretario detalló que «el canciller británico dijo que las Malvinas no eran argentinas y eso es lo que hay que discutir en una mesa de negociaciones». Sostuvo que la Argentina reafirma su soberanía y «tiene títulos para hacerla valer en las negociaciones, si se niegan quedará claro que viola el derecho internacional».
Amplió que «las reuniones sobre soberanía son un mandato del derecho de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina demuestra que estamos dispuestos a cumplirlo».
En relación a los 5 puntos planteados para discutir con el gobierno británico, Carmona explicó que «el primero es la negociación sobre la soberanía; el segundo es la conexión área y marítima con las islas; el tercero es sobre la situación de quienes habitan las islas; el cuarto es ajustar las medidas sobre recursos naturales a lo dispuesto por la ONU y el quinto es la desmilitarización».
Luego de que la embajadora británica planteara que no se va a poder continuar el proyecto humanitario de identificación de los caídos, el secretario afirmó que «es una tergiversación gravísima, porque demuestra que utilizaron lo humanitario como moneda de cambio de las concesiones». Y agregó que eso es independiente del acuerdo ya que «eso es una obligación humanitaria que los estados deben cumplir».
Por su parte, el excombatiente de la guerra de las Malvinas y socio fundador del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, Ernesto Alonso, comentó que la decisión del gobierno «fue una muy grata sorpresa, porque desde septiembre del año 2.016 bregamos porque ese pacto quede desterrado».
Alonso dijo que el macrismo «dejo servido al imperialismo británico hacer lo que quieran en el atlántico sur». Y consideró que «negaban que se tratara de un acuerdo pero en 13 puntos se repetía la palabra acordamos en el texto».
Además, amplió que desde el Cecim presentaron una denuncia penal contra la ex canciller Susana Malcorra y Carlos Foradori, «pero esa causa fue archivada». Añadió que «el acuerdo permitía mejorar la logística de la usurpación».
A su vez, Carmona destacó la baja del pacto porque «puede aparecer otro gobierno neoliberal y con esos papeles se favorece la posibilidad de dejar afuera los intereses de los argentinos». Expresó: «estamos muy orgullosos de la lucha del Cecim, sostenida en el tiempo».
Sostuvo que «todo acuerdo debe ser refrendado por el Congreso y eso no pasó». Y enfatizó que se espera que «se sigan aplicando políticas soberanas para que haya una conciencia de los argentinos y nos integremos mirando hacia la antártida y las islas con un proyecto político orientado a la defensa de la soberanía y a utilizar nuestros recursos en beneficio del pueblo».
Por otro lado, subrayó que «durante todos estos años nosotros impulsamos la derogación». Y concluyó que «no puede haber una agenda bilateral sin el tema de la soberanía».
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