“Smartmatic no entregó el software, está en incumplimiento de su contrato”, afirmó la titular de la fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, sobre el sistema de escrutinio que se utilizará en las próximas elecciones. “Gracias a la gentileza de un periodista tuvimos acceso a unos PDF que produce el sistema y pudimos tener acceso a la versión que se usó, la cual está desactualizada y tiene 46 vulnerabilidades conocidas”, aseguró.
La titular de la fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, afirmó que “Smartmatic no entregó el software, está en incumplimiento de su contrato. La pauta fijada por la Cámara Nacional Electoral es que el software tenía que estar entregado a las autoridades, a la Cámara, a la Justicia y a los partidos políticos, como mínimo 30 días antes de la elección y a seis días aún no está terminado”. Resaltó, además, que “esto lo reconoció Adrián Pérez el 20 de julio, el día de la última prueba y dijeron que se iba a entregar 48 horas antes de la elección”
“Son bastante improvisados y el mismo 20 le entregaron a la prensa una serie de documentos emitidos en el sistema. Gracias a la gentileza de un periodista tuvimos acceso a unos PDF que produce el sistema y pudimos tener acceso a la versión que se usó, la cual está desactualizada y tiene 46 vulnerabilidades conocidas. Un potencial punto de ataque”, aseveró Busaniche.
Respecto de la preocupación expresada por los distintos frentes electorales, Busaniche expresó: “Los partidos políticos están desesperados. No se han cumplido los protocolos básicos, ni los estándares mínimos de tecnología por el desarrollo de este software. Se va a llegar con el sistema en beta: no testeado, sin prueba piloto, sin certificaciones y sin auditorías. Es muy llamativo la baja calidad del desarrollo del propio software y la falta de los funcionarios de exigir a la empresa”.
Al mismo tiempo, Busaniche destacó el comportamiento de los funcionarios de gobierno: “Ellos contrataron a la empresa y deberían ejercer los procedimientos mínimos para pagar los 18.5 millones de dólares. Están siendo absolutamente irresponsable, no le han puesto las exigencias. El 11 de julio tendrían que haber exigido que si no se presentaba el software, se daría de baja la licitación. Tienen que cumplir con la pautas legales de su responsabilidad que es el escrutinio provisorio”. “Los fiscales informáticos están ahí para corroborar que va a funcionar todo bien, y para hacerlo tiene que proveer determinada información y ante el requerimiento la cara de Conte Grand lo dice todo. No tiene ni idea de lo que le están diciendo, que además es información que él debería haberle exigido a la empresa proveedora y que evidentemente no lo sabe. Es parte del protocolo de control”, agregó Busaniche.
Sobre la organización desde los distintos partidos políticos para armar centros de cómputos propios, Busaniche expresó: “Yo creo que cualquier información que pueda echar luz me parece fantástico, estamos pensando en organizarse con otra organizaciones de la sociedad civil para hacer algo por el estilo en la elección de octubre. Nos parece que es correcto hacer esto. Esperemos que no se complique en un pleito informativo entre partidos. El escrutinio legal es el definitivo y, por suerte, está a resguardo”.
“Cuando se pone una caja negra entre el origen de la información y el destino, que somos los ciudadanos, no estás agregando transparencia”, cerró Busaniche.
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