Luego de la detención arbitraria e ilegal de cuatro miembros del Movimiento Campesino de Figueroa en el paraje Caspi Corral en Santiago del Estero, como parte de un plan de desalojo por parte del empresario del agronegocio, Gustavo Sarquiz, conversamos con la referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Santiago del Estero (MNCI), Deolinda Carrizo. «El sistema judicial responde a los intereses del empresariado», sostuvo.
Deolinda contó que «han habido detenciones arbitrarias e ilegales hace dos días en la comunidad de Caspi Corral. Un operativo con 13 vehículos de policía han entrado a las patadas al domicilio de Daniel Ruiz, que estaba con su familia y se lo han llevado junto a otros tres compañeros. Los han detenido por «usurpación y amenazas agravadas», señaló.
«El operativo ha sido mandado por la Fiscal Nieva, y teniendo el expediente, con nuestros abogados consideramos que es insuficiente para esta detención. Porque en el expediente tenían la foto de una publicación de la comunidad de Caspi Corral donde hacían un trabajo comunitario y estaban los compañeros mostrando la bandera de lucha», detalló.
«Eso junto a una denuncia de hace un mes que ha realizado el cuidador del empresario Sarquiz. Los compañeros desde el 2008 vienen denunciando y resistiendo los intentos de desalojo del empresario que pretende las tierras para seguir haciendo mal uso de los recursos provinciales», advirtió.
La referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Santiago del Estero explicó que «ahí hay más de 50 familias que tienen más de 5 generaciones y producen. Son productores agropecuarios, cabras, vacas. Es una tierra que está muy cerquita del río salado».
«Para nosotros tiene que ver con que el sistema judicial responde a los intereses del empresariado, que pretende acaparar tierra sin importarle el desmonte, las familias, o la pérdida que produce. No les cuesta nada, es una simple orden firmada. Mientras nosotros tenemos que hacer maniobras para que esto se difunda», concluyó.
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