“Cuando llegamos a la información sustancial sobre la cantidad de denuncias, el listado y los manuales de procedimiento, empezaron las negativas. Nos negaron la información, entonces recurrimos a la justicia con un amparo para la entrega”, afirmó el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, quien se refirió a la orden judicial que solicita que la Oficina Anticorrupción (OA), de Laura Alonso, entregue en un plazo de 15 días información referida a la auditoría anual para organismos del Estado.
“No hay bronca personal con ningún organismo”, explicó el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto y continuó: “El plan se hace un año antes y el Congreso lo aprueba. O sea que todos los funcionarios del Estado saben con un año de anticipación que van a ser auditados”. Relató, además, de qué manera se solicita la información y por qué la Oficina Anticorrupción se encontraba en infracción: “Cuando comienza la auditoría se envían una serie de notas solicitando información que tiene que suministrar el organismo. Esto ocurre en todo el Estado, hay funcionarios que colaboran más, otros menos, pero finalmente entregan. Desde la Oficina de Anticorrupción el ninguneo fue constante. Cuando llegamos a la información sustancial sobre la cantidad de denuncias, el listado y los manuales de procedimiento, empezaron las negativas. Nos negaron la información, recurrimos a la justicia con un amparo para la entrega”. “El amparo es digno de leerse porque demuestra que ningún funcionario puede negarse a entregar información, que además es pública, y menos ante un organismo de control”, aseguró Lamberto.
“Es un evento nuevo: es la primera vez en los últimos tres años que algún funcionario no quiere entregar la información. Esto es sin prejuicio, nosotros no estamos presuponiendo nada, después de que se haga la auditoría podremos opinar. Pero veo que la película continúa, han apelado al fallo de la Cámara. Me parece que es insólito y que va a marcar un antecedente muy importante. La Auditoría es un organismo de la Constitución, y que funciona pacíficamente en todos el cuerpo del Estado. Hacemos 300 auditorías por año”, expresó Lamberto sobre lo paradigmática de la situación.
Respecto de las declaraciones realizadas por la titular de la OA, Laura Alonso, Lamberto meditó: “Es un absurdo, los auditores los nombra el Parlamento. A mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de kirchnerista. El Colegio integrado por siete auditores solicitó el amparo, dos de ellos son radicales que forman parte de la coalición de gobierno. Esto no fue una persecución política, es absurdo lo que está diciendo. Le estamos pidiendo lo normal que le pedimos a cualquier oficina. Es la Oficina Anticorrupción, le pedimos qué denuncia tienen y sobre cuáles actuó. Si la parte sustancial de la información sobre la que actúa el organismo no se entrega, no se puede hacer la auditoría”.
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