Luego de que el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo De Lázzari, señaló que existen “causas armadas artificialmente”, con “abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa”, Justicia Legítima respaldó al magistrado cuestionado desde el oficialismo por sus afirmaciones. El titular del Juzgado Nacional en lo Civil N°1 Gustavo Caramelo consideró que “pocas veces se ha visto tanta intervención de los servicios de inteligencia en los armados de la justicia”.

El juez Gustavo Caramelo destacó que “Justicia Legítima es usada como una herramienta para señalar negativamente a todo aquel que realice un comentario crítico a cualquier maniobra judicial”. En el caso del presidente de la Corte Suprema Bonaerense, Eduardo De Lazzari, si bien “no es integrante de Justicia Legítima”, sus expresiones “tienen un peso relevante en el sistema de justicia” y “dan cuenta de una enorme gravedad, porque esto lo verifica en la justicia federal, pero está viendo que esto empieza a aparecer en causas de la provincia de Buenos Aires”.

Pocas veces se ha visto tanta intervención de los servicios de inteligencia en los armados de la justicia. Es alevoso cómo se construyen las causas y cómo se asignan a determinados juzgados: el Forum Shopping es grosero”, aseguró Gustavo Caramelo sobre el mecanismo para “elegir el juez que va a intervenir en una causa”. El magistrado puso como ejemplo que la jueza con competencia electoral María Servini probó que en “el sorteo de la causa que investigaba la muerte del fiscal Nisman hubo una interferencia, por la cual primero sale asignado el juez Sebastián Casanello, se interrumpe el sistema y cuando se reanuda, la asignación aparece para Julián Ercolini”. Otro mecanismo descrito por Caramelo es el armado de causas paralelas para absorber “una causa que está tramitando en otro juzgado”.     

Caramelo señaló, además, que la persecución llevada adelante contra Justicia Legítima les hace pagar “un alto precio” a sus integrantes, como ser relegados en los concursos aun siendo los mejores calificados. El magistrado puso como ejemplo el de Alejandro Alagia, que “era el mejor calificado para ocupar un cargo de fiscal general y su pliego fue retirado del Congreso.

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