La secretaria general del Centro de Docente de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy, Mercedes Sosa, dialogó con Caput en el marco de la movilización que se está llevando adelante en la provincia en repudio a la reforma constitucional propuesta por Gerardo Morales que pretende, entre otras cosas, prohibir las movilizaciones: “Hoy estamos tomando la calle porque no estamos dispuestos a resignar nuestros derechos”, afirmó. La protesta en la provincia comenzó como un reclamo gremial para exigir paritarias pero, luego de que se conociera que el gobierno provincial busca impedir el derecho a huelga por decreto, se sumó este reclamo: “Nuestra lucha no es sólo salarial, queremos que el proyecto de reforma de la Constitución se postergue”, expresó la docente.
Sosa calificó a la movilización como “histórica” y contó que no sólo está reclamando el gremio docente al que ella representa, sino que se conformó una intergremial para exigir “paritarias justas”: “No se venían respetando los acuerdos y, ni siquiera, había actas: finalmente el gobierno terminaba imponiendo un 10% de aumento”, aseguró. A su vez, reveló que los docentes jujeños en la actualidad ganan 34 mil pesos de básico: “Estamos reclamando que se eleve el sueldo básico a 100 mil pesos y hasta llegar a cubrir los 210 mil de la canasta básica familiar”, explicó la docente. Sosa relató que el último ofrecimiento por parte del gobierno provincial fue seguir aumentando el presentismo, algo que están rechazando por considerarlo un mecanismo extorsivo que busca evitar las ausencias en las aulas y, de esta manera, evitar la movilización de los trabajadores docentes.
Sobre el decreto que pretende prohibir la movilización y la protesta social, la referente docente señaló: “Ese código contravencional se venía aplicando sistemáticamente justamente para desmovilizar y para penalizar la protesta, con la premisa de mantener la paz social”. “En vez de atender nuestros reclamos nos amenazan con una multa millonaria que es totalmente violatoria de los derechos de la constitución nacional”, sostuvo la dirigente y afirmó que el gobierno jujeño considera “delincuente” a todo aquel que se organice y eleve un reclamo. Sosa explicó que hoy estan tomando la calle en defensa de sus salarios pero también por este decreto que busca violar el derecho a huelga: “Es una ridiculez querer cobrarnos 8 millones de pesos por cada manifestante y amenazarnos con dejarnos sin trabajo: esperamos que de una buena vez el gobierno de la provincia tome nota de la movilización historica que estamos viviendo”, reclamó.
“Estamos cansados de esta propaganda a nivel nacional de que Jujuy nada en abundancia, que es productiva y que hay superávit”, sostuvo Sosa y manifestó que, por este motivo, están saliendo a denunciar la situación de la provincia en las calles. La dirigente explicó que, si bien hay sectores que bancan esta reforma, la mayoría lo está rechazando. Y agregó: “Jujuy pertenece a la república Argentina y está bajo un sistema democrático, por eso lo estamos defendiendo en la calle”.
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