La titular de la AFI Cristina Caamaño presentó una denuncia penal luego de dar con un video en el que de manera explícita el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, en una reunión en las oficinas del Banco Provincia (un organismo público) instruía a empresarios de la construcción para que generaran las condiciones mediante denuncias falsas para apresar arbitrariamente a dirigentes sindicales, por lo que la “Gestapo macrista” ya se convirtió en “el tema del verano 2022” y promete seguir dando que hablar.
La investigación judicial deja ver a diario nuevos ribetes de la impunidad con la que se movía el anterior gobierno, por lo que la causa sigue ampliándose y sus consecuencias, aún desconocidas, pueden llevar a altos dirigentes del PRO y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al banquillo de los acusados por delitos graves.
El exfuncionario Villegas quedó grabado en la mencionada reunión de 2017 afirmando que quería “una Gestapo” para eliminar al sindicalismo con una estrategia coordinada con el Poder Judicial, a manos del cuestionado Procurador de la Provincia de Buenos Aires (PBA) Julio Conte Grand y avalada por los gobiernos de entonces de Nación y Provincia. También estaban presentes en la trama de persecución sindical otros dirigentes del PRO como Julio Garro intendente de La Plata, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante, el ex subsecretario de Justicia de PBA, Adrián Grassi, y el senador provincial Juan Pablo Allan; también había tres cabecillas de la AFI de aquél entonces: el jefe de Asuntos Jurídicos. Sebastián De Stéfano, el jefe de Gabinete, Darío Biorsi y el jefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, todo ellos a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Cristina Caamaño se manifestó al respecto en diálogo con Radio Caput y contó cómo fue que encontraron en la AFI el video de la reunión en cuestión, relató que «los trabajadores especialistas en tecnología se encontraron este archivo en un disco duro». «El video da cuenta de una reunión de dos horas llevada a cabo en la sede de Plaza de Mayo del Banco Provincia donde los funcionarios del gobierno, empresarios y altos funcionarios de la AFI armaban una estrategia antisindical, amparados por la mafia (en referencia a los métodos que utilizaba el gobierno) que lideraba Mauricio Macri y María Eugenia Vidal». «Se habla también en la grabación en contra los empleados públicos a los que se les quiere sacar la estabilidad laboral. Marcelo Villegas en vez de buscar mejores condiciones para los trabajadores, armaba una mesa para ir en contra de los gremios» sostuvo. Caamaño también puso el foco en el acuerdo explícito que se vislumbra entre la justicia con Julio Conte Grand a la cabeza, de quién también se vieron fotos almorzando recientemente con Mauricio Macri, y el gobierno de ese momento. «Se trata de un nuevo caso de Law Fare, porque es el establishment económico, la corporación judicial, políticos y medios trabajando juntos. El silencio de los implicados habla de que al poder económico y a los evasores no los tocan ni el poder judicial ni el sistema de medios. Los medios de comunicación hegemónicos no hablan de ellos» manifestó la interventora de la AFI. Y concluyó, en relación al gobierno de Macri y Vidal, que «siempre actuaron con el fin de atacar a los gobiernos populares y a los sindicatos».
Los perseguidos
Tanto los sindicatos de la construcción de PBA como el gremio de Camioneros fueron ferozmente perseguidos durante los cuatro años macristas, de hecho les armaron causas judiciales con el fin de que cesaran en su representación de los trabajadores, de modo de poder bajar los salarios a los trabajadores y empeorar las condiciones laborales en estas ramas de la producción y logística.
Uno de esos representantes sindicales perseguidos por esta estructura delictual fue el actual titular de la CGT, Pablo Moyano, quién manifestó en declaraciones a Radio Caput que “denunciamos la persecución en 2017, cuando nadie nos creía por la cobertura mediática que tenía el macrismo (de TN y La Nación), el gremio de Camioneros fue de los más afectados, a nosotros por oponernos a la reforma laboral nos quisieron meter presos”. Y añadió que “estos que están en el video fueron el brazo ejecutor de Mauricio Macri y de Vidal, que se escapó de la PBA y se refugió en la CABA. El Procurador Conte Grand, que todavía no nos explicamos cómo continua en su cargo, es otro de los implicados. Pedimos que la justicia investigue y que estos tipos paguen por el daño que han hecho (…) Se esconden como ratas, no dan explicaciones ni Pepín Rodríguez Simón armador de la mesa judicial, tampoco dijeron nada de este escándalo ni Vidal ni Villegas, ni Garro, y seguramente hay muchos que en las sombras armaban causas a quienes nos oponíamos a las políticas neoliberales”, por eso recalcó que “queremos que se investigue y que pague tenga que pagar”.
Por último Pablo Moyano comparó a Villegas con el ministro de Trabajo de la dictadura, Horacio Liendo, ya que “ambos perseguían y encarcelaban, con la diferencia que antes desaparecían personas”, algo que hoy no pueden evidentemente, pese a la simpatía que les despierta el accionar de la policía política de la Alemania Nazi.
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sostuvo que “vamos a denunciarlo en el país y fuera del país, también ante la OIT (Orgqnización Internacional del Trabajo)”, y agregó que estos dichos «no pueden quedar impunes en un país que tiene todavía la cicatriz del terrorismo de Estado». El líder sindical también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense como máximos responsables de los hechos denunciados. «Había un plan sistemático» para «destruir» a los gremios, dijo. «No hay espías por su cuenta. Está claro que ese sistema tenía un eje conductor», afirmó Yasky y señaló al expresidente como el responsable en última instancia.
El viceministro de Trabajo de la PBA, Leandro Macía, dialogó con Caput y se refirió a las maniobras del anterior gobierno, afirmó que «esta causa habla de que no sólo generaron una crisis social y económica, sino también institucional. Vemos con preocupación el involucramiento del poder judicial y de la Procuración en estas cosas. Uno reclama que tengan algo de honorabilidad, tal que permita reconciliar a las instituciones con la sociedad. La persecución contra los gremios y los abogados laboralistas tuvo como objeto reducir los derechos de los trabajadores. Este caso da cuenta de la política laboral del macrismo y da un panorama de lo que fue la gobierno de Vidal en la Provincia. Se ocupaban de estas cuestiones espantosas, en vez de generar puestos de trabajo». «Esperamos que le poder judicial sancione a quienes actuaron contra los derechos de la sociedad toda agregó el funcionario”.
El brazo ejecutor en la Procuraduría
Vale la pena detenerse en el mencionado Julio Conte Grand, Procurador de PBA de quién Villegas aseguraba tener apoyo, amparado en su alto cargo dentro el sistema judicial.
Conte Grand saltó a la luz pública en 2012, cuando Macri –por entonces al frente del gobierno porteño– le tomó juramento como Procurador de la Ciudad por pedido de Emilio Monzó. Previamente, este abogado “católico y desarrollista” fue asesor del intendente Carlos Grosso. En la profesión, compartió un estudio con su tío, el ya olvidado ex dirigente de la Coalición Cívica, Gerardo Conte Grand. También es autor de textos jurídicos contrarios a la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. Al PRO le gustaba su “perfil técnico”. Esa virtud también atrajo a Vidal. De manera que en diciembre de 2015, se lo llevó a La Plata en carácter de secretario Legal y Técnico de la Gobernación. Desde su despacho, Conte Grand aguardó con indisimulada ansiedad que Vidal se deshiciera de la procuradora María del Carmen Falbo para así ocupar el sillón vacante. Lo cual se cristalizó en diciembre del año siguiente. Conte Grand le aportó al Poder Ejecutivo un sistema de trabajo que a los fiscales les exigía mano dura, acusar por las dudas y condenas sin pruebas. De esa manera junto al ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari fueron sistemáticamente intentando deshacer el Estado de derecho y el autogobierno policial fue cada vez más notorio. El resultado: 13 mil presos, casi todos por narcomenudeo y otros delitos menores, aumentando así la población penal de 37 mil a 50 mil internos, sin que se edificara infraestructura alguna para absorber tamaño aluvión.
Su rol –tal como lo explicara Villegas durante aquel cónclave en el Banco Provincia– consistía en articular la ingeniería legal del armado de causas contra los enemigos del régimen. Para dicha finalidad disponía de tres obedientes esbirros: los fiscales Sebastián Scalera, Álvaro Garganta y María Cecilia Corfield, junto con otros que acataban sus designios bajo presión. El intento por “empapelar” a los Moyano se frustró pero se desquitó inhabilitando al Juez Carzoglio quien se le interpuso en sus maquinaciones jurídicas.
Al Procurador tampoco le resultó satisfactorio el cerco persecutorio en torno al dirigente de SUTEBA, Roberto Baradel. Pese al dispositivo que puso en marcha que incluía desde el espionaje económico, pinchaduras telefónicas, y seguimientos que se extendían a sus hijos y nietos, no pudo amedrentarlo ni conseguir el objetivo de última instancia que era apresarlo con cualquier excusa. En cambio, pudo llevar a la cárcel por delitos imaginarios a Juan “Pata” Medina (UOCRA), a Marcelo Balcedo (SOEME); a Omar “Caballo” Suárez y Herme Juárez (ambos del SUPE), quienes, tras años de encierro, recuperaron la libertad.
Más tarde, ya con Axel Kicillof como gobernador, se prestó a operaciones mediáticas. La operación consistió en instruir a los fiscales y defensores en la puesta en marcha de medidas alternativas al encierro carcelario con miras a descomprimir la sobrepoblación en los penales, la cual incrementaba el riesgo de contagio masivo entre presos y guardias. Pero exactamente a la semana rubricó un pedido urgente a la Suprema Corte provincial para echar por tierra el hábeas corpus colectivo con el que la Cámara de Casación había habilitado alrededor de 400 prisiones domiciliarias y otras morigeraciones, en el marco de la cuarentena, dado que los penales eran un foco explosivo de circulación del Covid. Coherencia a marzo, como se advierte. Ello derivó en una campaña basada en noticias falsas que supo instalar la versión de una suelta masiva de violadores y asesinos. Una maniobra impulsada por el PRO, a los que podríamos llamar sus «amos».
Como se advierte se trata de un jugador de toda la cancha, se mueve tanto en las sombras del poder judicial, en los despachos del poder político, en las catacumbas de los servicios de inteligencia y es capaz de prestarse para generar noticias falsas que perjudiquen a quienes pudieran molestar a sus madrinas y padrinos políticos.
La permanencia de Conte Grand en el sistema judicial, es una afrenta a la República, de la que tanto hablan algunes. Incluso el Presidente Alberto Fernández se manifestó en su cuenta de twitter denunciando que tanto Conte Grand, como el operador Daniel Angelici entre otros contaban con teléfonos encriptados, lo que hace sospechar maniobras ilícitas que no podían revelarse que representan un peligro para el Estado de derecho, lo cual naturalmente que resulta inadmisible.
Alberto Fernández (@alferdez) twitteó: ¿Para que existían esos teléfonos encriptados?
¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?
— Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2022
Alberto Fernández (@alferdez) twitteó: Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible.
Alberto Fernández (@alferdez) twitteó: Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos.
La Causa
Esta semana la Justicia bonaerense planteó la “evidente conexidad” de la causa que investiga los videos de la reunión en el Banco Provincia y la que tramita en Comodoro Py, por supuestas maniobras de espionaje ilegal de ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. Causa que se tramita en el juzgado federal 8 de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. Mientras avanza la investigación para certificar la procedencia de los videos en la justicia bonaerense, el Tribunal de Apelaciones analiza la «evidente conexidad». El Juez que investiga lo revelado en el citado video, Ernesto Kreplak, habilitó la feria judicial para continuar con la investigación en este «verano de super acción». Mientras que la Cámara Federal de La Plata envió a Martínez De Giorgi una denuncia presentada contra el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, por supuestos delitos cometidos en investigaciones contra políticos, sindicalistas y magistrados durante el macrismo. «Advierto que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la presente causa y lo que se investiga en la causa que lleva Martínez De Giorgi», sostuvo el camarista platense Roberto Lemos Arias. La denuncia alude al supuesto inicio irregular de «investigaciones a fin de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a distintos actores sociales políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios». Para ello se habrían valido de «la colaboración de producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia», establece su fallo.
Lemos Arias consideró que «Comodoro Py resulta competente para seguir entendiendo en la presente causa», a su vez, una presentación pidió investigar a Conte Grand, al fiscal general adjunto Scalera y a funcionarios a cargo de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora.
El periodista de judiciales Néstor Espósito, en comunicación con Radio Caput recalcó que “los exespías empezaron a mover el expediente, dado que el exjefe de judiciales de la AFI recusó al Juez Ernesto Kreplak por considerarlo incompetente por un tema de jurisdicción, aduciendo que los hechos sucedieron en la sede del Banco Provincia ubicado en Capital Federal y plantearon, en consecuencia, que debería ser Comodoro Py quién investigue”.
La investigación, quiénes la llevaran a cabo y a quiénes alcanza la culpa, está aún en entredicho, en una disputa que es de suponer tendrá varios capítulos más. Sin embargo algo es claro: Los ciudadanos merecemos una explicación y una investigación que lleve al estrado judicial a los responsables de la persecución y que se exija la inmediata remoción de los funcionarios involucrados que permanecen “atornillados” a sus cargos como Julio Conte Grand. Hasta que esto no suceda no habrá garantía de que estos hechos intolerables para la democracia, de los que se valieron los poderes fácticos para disciplinar a los trabajadores y a los dirigente sindicales que no los traicionaron durante la oscura época macrista, no se repetirán.
