La  exsubsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, Florencia Gómez, y Jonathan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, retrataron la preocupante situación que atraviesa nuestro país en lo vinculado al uso del espacio urbano, espacio público, la naturaleza, el acceso a la tierra y al agua que se ven gravemente afectados por la crisis climática como consecuencia de la acción humana, sumado a la laxitud en los controles y regulaciones estatales, y a la infinita voracidad del capital por hacer negocios. Florencia Gómez sostuvo que “la extranjerización y privatización de la tierra, la imposibilidad de acceso a Lago Escondido no nacen de un repollo, sino que son posibles porque antes hubo concentración de la tierra que lleva 200 años”. Mientras que Jonathan Baldiviezo opinó que “nosotros abogamos por el cuidado del hogar común, mientras se nos impone un modelo contrario al de ciudad contenedora. En la CABA desprecian el patrimonio, dañan los ecosistemas. En la CABA se pierde identidad a pasos agigantados con el gobierno neoliberal de Rodríguez Larreta, todo lo que es el bien común en la CABA es objeto de políticas de saqueo para extraer rentabilidad. Larreta quiere ser presidente y necesita el apoyo del sector inmobiliario”.

 

En diálogo con Larry Levy y Luis Franc, Florencia Gómez detalló que «el ambientalismo se trata de una Propuesta socio-política, que cada vez toma más notoriedad, y denota una deuda de toda la clase política. Nuestra propuesta apunta a ver el planeta como la casa común que debemos cuidar, promover la seguridad de esos bienes naturales. Hay actividades vinculadas al sector productivo, actividades económicas que no van más, vemos la falta de inversión en prevención y previsión es algo que viene para quedarse si no producimos un cambio. Somos utópicos, es nuestra forma de enfrentarnos a esta realidad. Vivimos en la etapa que algunos denominan antropoceno (proceso histórico por el que la actividad humana modifica el ambiente y la geología del planeta). igualmente es distinto estar en Argentina que en países industrializados que hace siglos contaminan y ahora reclaman medidas a los países periféricos».

Sostuvo la abogada que “la extranjerización y privatización de la tierra que lleva, por ejemplo, a la imposibilidad de acceso al Lago Escondido, no nacen de un repollo sino que son posibles porque antes hubo concentración de la tierra, que lleva 200 años”. Ya desde la ley de Enfiteusis de 1826 de Bernardino Rivadavia se establecieron las estructuras en el reparto desigual de la tierra. Esta norma implicaba que las tierras públicas se entregaban por el término de 20 años y el enfiteuta debía pagar un canon anual del 8% en las tierras de pastoreo y del 4% tratándose de tierras de agricultura. No limitaba la extensión de la tierra que puede entregarse, ni se imponía la obligación de mejorarla. Además el monto del canon no lo establecía el gobierno, sino una comisión de vecinos, que  también eran enfiteutas, por lo que la tasación resultaba irrisoria. La ley aprobada en 2011 prevé un relevamiento catastral de tierras propiedad de extranjeros, aún así es dificultoso saber cuánta tierra pertenece a qué personas, ya que aún hoy no hay un registro nacional de terratenientes argentinos, «incluso los que están registrados pagan muy poco del impuesto inmobiliario o no aparecen en ningún registro, no hay datos de tierra fiscal para saber cuánta tierra se privatizó» aclaró Florencia Gómez.

Sobre la crisis ambiental recalcó que «la acción humana está elevando la temperatura de la tierra, lo que crea climas más extremos. Es necesaria una discusión seria con la participación de expertos y el diálogo con los diferentes sectores. Lo cierto es que el nuestro es un país extenso con dificultades logísticas, que produce desequilibrios productivos y económicos». Y advirtió que «hubo proyectos de manejo sostenible pero necesitan consensos o de una licencia social. En suma, falta un debate del modelo de desarrollo». «Hay un dilema ético de hacia donde vamos como humanidad, la deforestación, los combustibles fósiles, quemas intencionales que generan consecuencias palpables como la bajante del río Paraná, los incendios y las sequías. Esto en el futuro quizás sea ordinario y una excepción de un año, como siga la pérdida de hábitat, la zoonosis que desequilibra el ecosistema, el stress hídrico es lo que sucede. Ya vemos que el mundo enfrenta cada vez más situaciones extremas como olas de calor y frío e inundaciones más fuertes causadas por cambios en el clima que lo hacen más extremo».

Los incendios en Corrientes, como en tantos otros sitios esconden extorsión y delito. La legalidad debería ser herramienta de los más débiles pero no eso no se verifica en la realidad a menudo. Existen actualmente leyes que se si aplicaran mejoraría la situación. «Todas estas discusiones deberían darse en otros ámbitos y lograr así llegar a un consenso para que se aplíque la legalidad, entonces el poder avanza ante esas laxitudes, se sacrifica a la población y naturaleza», aseguró Jonathan Baldiviezo.

La tragedia que sucede en Corrientes y en otros sitios es una consecuencia de la acción y la avaricia humana que modifica con un modo de producción irresponsable las condiciones de vida en el planeta.

No debemos olvidar, como nos recuerdan los entrevistados y los hechos recientes, que no estamos solos en el planeta, que la biodiversidad debe ser resguardada y que las generaciones futuras no tienen porqué pagar por nuestra inacción.

A su vez, señaló Jonathan Baldiviezo que «lo que hizo la Ciudad de Buenos en cuanto a la entrega de tierra pública a bajo costo para emprendimientos privados es un anticipo de lo que va a pasar con las tierras rurales de todo el  país»

Esta semana se dio a conocer que la empresa IRSA, controladora de una parte importante de los shoppings del país, se quedó con el edificio de Coronel Díaz y Beruti que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa que preside el Eduardo Elsztain pagó US$ 20,11 millones al cambio oficial por el inmueble de 8500 metros cuadrados, cien mil dólares más que el precio de base de la subasta organizada por el Banco Ciudad a pedido del gobierno porteño. Los fondos obtenidos irán al tesoro de la ciudad, sin un destino específico. Se trata de la tercera que vez que el edificio sale a subasta porque en las dos anteriores no se presentaron oferentes. El edificio está ubicado frente al shopping Alto Palermo, también propiedad de la compañía, con lo cual seguramente el inmueble será una especie de anexo al paseo de compras.

«Esto me recuerda a la privatización de tierra pública que se hizo en Mendoza que destina 12.000 hectáreas para hacer un club de Ski y barrio cerrado en Malargüe que se aprobó el 23 de diciembre pasado. No va a cumplir ninguna función social sólo dar rentabilidad a sus concesionarios», destacó Florencia Gómez.

Un tema conocido para las y los porteños, es el caso de la costa del Río de la Plata, donde se instalaron ya decenas de torres de edificios. En el predio de Costa Salguero en vez de hacer un necesario parque público, el Jefe de Gobierno quiere seguir con los negociados a espaldas de los ciudadanos. «Los sectores inmobiliarios y financieros concentrados y el gobierno de  la CABA avanzan sin tener derecho, incumplen las leyes. Les ponen una multa mínima, la pagan y listo o terminan con blanqueos inmobiliarios. Muchas veces construyen más de lo que tienen autorizado casi sin consecuencias».

La Legislatura incluso en pandemia se dedicó a aprobar negocios inmobiliarios casi exclusivamente, es una extraña democracia que legitima estos hechos y delega el poder en la monarquía inmobiliaria de Rodríguez Larreta, quien ansía ser presidente y cuenta con el apoyo de estos sectores concentrados. «Se trata de una apropiación de zonas donde pueden obtener mayor rentabilidad. Zonas ribereñas que tienen mayor valor del suelo, así se van generando desigualdades espaciales urbanas. A la diferencia entre el norte y el sur se suma la división oeste y este. La costa ribereña tiene muchas intervenciones, torres de IRSA y se concesionaron recientemente 14 hectáreas para boliches y polos gastronómicos. La segregación es cada vez mayor, a la zona zona norte y este les construyeron nuevas autopistas para facilitar el acceso, lo que sube el valor de la tierra, el contorno ribereño se transformó en un sitio para ricos con mirada al río y servicios de lujo. Mientras el sur tiene servicio públicos colapsados, en Costa Salguero van a construir una cloaca gigante para estas nuevas torres que costará 160 millones de dólares cuando sabemos que hay amplios sectores que no tienen agua potable», recalcó el abogado. Es la del gobierno de la CABA una administración de lo público que sólo mira al privado, desestimando a la población que no puede ni podrá acceder, deplazándolos por obligación hacia la periferia.

Otros ejemplos de falta de controles y regulaciones es el desfinanciamiento de la ACUMAR, que debía mejorar la cuenca del Riachuelo, la contaminación en los ríos entubados y recientemente se agudizó en pandemia la entrega de negocios a intermediarios de comida para la entrega de bolsones en escuelas primarias a expensas de la alimentación de los alumnos. Señaló Baldiviezo que «los comedores escolares pasaron a manos privadas que dan un mal servicio, son concesiones que no permiten saber cual es la ganancia de las empresas, los bolsones que entregaban salían el doble que si los productos los compraba las familias. Son intermediarias mayoristas que venden a precios minoristas. Este negocio representa 50.000 millones de pesos que va a gastar en los próximos 4 años el gobierno de la CABA, lo cual podrían hacerse mucho mejor con métodos de autogestión, con la ayuda de cooperativas productivas. El servicio que brindan esas empresas deja mucho que desear, el alimento que entregan es de baja calidad e incluso resulta escaso» manifestó Baldiviezo.  A la entrega de tierras se suma esta escandalosa revelación que la justicia debería investigar profundamente. La legalidad debería ser la herramienta de los más débiles para equilibrar las desigualdades, no obstante aún no se verifica que se le puedan poner límites a este irracional accionar que describieron magistralmente Florencia Gómez y Jonathan Baldiviezo por Radio Caput, aunque «la esperanza siempre está».

 

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