El lunes 14 de noviembre comienza el juicio a la China, una mujer que está presa hace un años y once meses en la cárcel de Ezeiza, imputada por el delito de homicidio, agravado por el vínculo, producto de un aborto espontáneo que sufrió por problemas en su salud obstétrica preexistentes. *
La China, una mujer migrante de 43 años de nacionalidad venezolana, la noche del 15 de diciembre de 2020 sintió un dolor fuerte en sus ovarios, lo asoció con las molestias que pasaba cada vez que menstruaba por sufrir del síndrome de ovario poliquístico.
La abogada Ana Clara Piechstein analiza el caso de la China, detenida hace casi dos años por un evento obstétrico. «La China tenía dolores muy fuertes en los ovarios, que era algo frecuente para ella, y expulsó coágulos de sangre, Eso lo arrojó en unas toallas. Y un cartonero que estaba revolviendo la basura encuentra lo que parece un feto e inicia el procedimiento del caso, en que detienen también al marido de La China. Ella es mamá de dos niños y los detienen a los dos, porque creen que hubo algún tipo de connivencia».
Los tres primeros días que la China estuvo presa en Tribunales los pasó con las manos negras después de haber pasado sus dedos por la tinta del “pianito” para que la identificaran, y la ropa interior con sangre por las pérdidas que todavía seguía sufriendo por haber tenido un parto extrahospitalario sin ningún tipo de atención. No le querían dar nada para que se limpiara porque “era un animal que había matado a su hijo y no merecía limpiarse”. “Ella no merece ni lavarse las manos”, le dijo la policía que la trasladaba a hacerse los peritajes. Actualmente está detenida en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo en una causa difícil de explicar.
La China, como dijimos, es migrante. Llegó al país desde Venezuela en 2017 con su marido y sus dos hijos en busca de empleo. Ella es contadora y, antes de la detención, llevaba una vida dedicada al trabajo y a criar a sus hijos de 13 y 18 años. Luego de su detención su salud es frágil, sufre de dolores menstruales que se intensificaron post evento obstétrico.
Si bien en un principio la investigación judicial apuntaba a ella y a su marido, en marzo de 2021 él fue sobreseído porque no encontraron pruebas suficientes en su contra: no se encontraba en el monoambiente que compartía con la China al momento de los hechos y, además, al igual que ella, desconocía el estado de embarazo de su esposa.
La explicación estaba en su propio cuerpo, pero nadie la escuchó ni quiso escuchar. Alcanza con una revisión de su historia clínica para conocer los antecedentes. La China, que fue mamá dos veces, ya había sufrido dos eventos obstétricos similares con esos y otros embarazos.
Ella repite una y otra vez que no sabía que estaba embarazada. También relata algo que evidencia cómo las restricciones que impuso la pandemia afectaron la salud sexual de niñas, mujeres, lesbianas y trans: durante 2020 no había podido hacerse los controles ginecológicos que eran necesarios por su diagnóstico de ovarios poliquístico. Aunque quiso sacar turno para hacerse su chequeo, le dijeron que sólo estaban atendiendo situaciones de Covid-19.
No hay evidencia de que ella haya ejercido una maniobra para, como la acusan, matar al feto que no sabía que existía. Lo que ocurrió fue que tuvo un parto en avalancha; se llama así al parto cuando es abrupto y se expulsa en el mismo momento el feto, los coágulos y la placenta.
El médico que hizo la autopsia al feto encontrado señaló que “que las causales de deceso del recién nacido masculino vivo son atribuibles a la evolución de una enfermedad materno placentaria a lo cual se suma la falta de atención médica y neonatológica en el post parto inmediato, determinando la muerte del menor como consecuencia de ambos fenómenos actuando en forma conjunta sobre el mismo”. Y agregó que “no observó signos de violencia inmediata sobre la criatura y dijo que no siempre hay que pensar en alguna causa violenta sobre el chico, a veces la patología materno placentaria tiene alguna otra anomalía o enfermedad y produce la muerte de la víctima”.
El Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación concluyó que la China “presenta diferentes condiciones de vulnerabilidad, tales como su condición de migrante, su situación de privación de libertad y el corte abrupto de los lazos con sus hijos, por lo que solicitaron una evaluación y seguimiento clínico dado su cuadro de hipotiroidismo, anemia y los edemas” y que “la examinada ha presentado una negación generalizada del embarazo que ha redundado en un desconocimiento total sobre su embarazo, no pudiendo arbitrar durante el transcurso los controles adecuados, así como tampoco prever la situación de parto que diera lugar a las presentes actuaciones”.
En Argentina se estima que el 15% de los embarazos terminan en abortos espontáneos: el sistema penal no tiene nada que hacer ahí. Muchas chicas y mujeres embarazadas son rehenes de sus propios úteros: si sus fetos nacen muertos, ellas sufren abortos espontáneos, un parto en condiciones paupérrimas o cualquier complicación, son ellas las que se convierten en sospechosas de un delito. El sistema de administración de justicia transforma esas emergencias obstétricas, situaciones que son involuntarias y que deben ser tratadas como problemáticas de la salud, en carátulas de un hecho policial.
Demasiado a menudo pasa que situaciones involuntarias, inesperadas y traumáticas en el curso de un embarazo como una complicación en el parto, partos en malas condiciones o un aborto espontáneo, que a menudo suceden en contextos de precariedad y miedo, terminan en acusaciones penales graves, como homicidio agravado o abandono de persona. El sistema penal tiene grandes asuntos pendientes, por eso es necesario recalcar que existe otro abordaje posible de estas situaciones obstétricas complejas, que es desde la salud reproductiva, con el acceso a salas y estudio médicos, el trabajo en la prevención, la aplicación de la ley ESI en las escuelas y muchas más.
Mientras, vemos que avanza la criminalización sobre las mujeres y su capacidad reproductiva. El poder judicial se entromete en ámbitos que le son ajenos, como el cuerpo de las mujeres y, de este modo, agrava situaciones de vulnerabilidad, como la de la China.
Se reiteran a lo largo de los años, la falta perspectiva de género en el sistema de Justicia en todos sus niveles, así como en las fuerzas de seguridad y las instituciones de la democracia. Es paradigmático es ese sentido el caso de Ana en Goya, Corrientes, así como podría mencionarse el de decenas de mujeres en la Argentina.
Este lunes 14 de noviembre comienza, y continuará durante las semanas que restan del año judicial, una audiencia en la que la fiscalía deberá mostrar sus argumentos para acusar y pedir una condena a una ciudadana por un crimen que no cometió, sino que sufrió un lamentable problema de salud que le inmiscuye a ella, a su pareja y su familia, en el que el Estado lleva casi dos años sin reconocer el sinsentido.
* Tomado en la nota de Florencia Alcaraz, en noviembre de 2022 para Latfem (latfem.org)
