Luego de las denuncias del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a 366 familiares de estudiantes que realizaron tomas en colegios porteños, la abuela de uno de los estudiantes, Elsa Lombardo, conversó y sostuvo que «es autoritarismo, el gobierno de la ciudad es represor y quiere cobrar 50 millones, osea que vio la oportunidad de sacarle dinero a los padres».

Lombardo comentó que «vinieron policías a las 9 de la noche, con papeles a notificarme respecto de una infracción al artículo 60 del código contravencional». Y agregó que durante la toma, desde la secretaría de educación, enviaron un documento que «como trampa estuvo bien porque decía si me hacía responsable de mi nieta y puse que sí, de que la escuela quedara en condiciones, si se rompía algo».

En diálogo con Javier Corcuera, la familiar sostuvo que «me hice cargo de eso pero no de lo que el gobierno quería que era tomarlo como una contravención». Y detalló que «vino el patrullero y me notificaron que tenía 3 días para presentarme al juzgado, le saqué una foto con el celular a la contravención y lo presenté al ministerio público de la defensa».

La abuela opinó que «es autoritarismo, el gobierno de la ciudad es represor y quiere cobrar 50 millones, osea que vio la oportunidad de sacarle dinero a los padres». Aseguró que «todos los reclamos son justos» y explicó: «mi nieta está hace 4 años en el colegio y es celíaca, nunca le llegó un sándwich para celíacos».

Amplió que «uno de los reclamos del gobierno es que los chicos se pierden de aprender». Y afirmó que «no hay suplentes para los docentes que no pueden venir, los chicos están en horas libres sin reemplazos y sin estudiar, por lo que es una mentira que pierdan clase por la toma».

Por último concluyó que «se nos persiguió, pero no somos tontos como para firmar algo sin saber por qué nuestros hijos están en la escuela». Subrayó que «la defensoría de primera instancia en lo penal tomó a su cargo defendernos a los familiares, esto permitió que nos uniéramos».

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