El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat manifestó su apoyo a la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández. «Se ha tejido una madeja entre servicios de espionaje, medios hegemónicos de comunicación y la pata podrida del Poder Judicial y del ministerio público fiscal para llevar adelante el lawfare, la guerra judicial. Contra esta perversión del aparato judicial se alzó la voz del presidente al decir ‘nunca más’, que empieza a través de este proyecto de reforma», afirmó.
El abogado Eduardo Barcesat afirmó que “la justicia ha sido proclive a la intrusión del poder. Se ha tejido una madeja entre servicios de espionaje, medios hegemónicos de comunicación y la pata podrida del Poder Judicial y del ministerio público fiscal para llevar adelante el lawfare, la guerra judicial», señaló.
«Llevan adelante la destrucción del enemigo bajo aspectos ficcionales de un proceso judicial. Son relatos que no se corresponden con ninguna realidad y que a medida que avanzan las causas se van desmoronando», indicó.
Barcesat sostuvo que «contra esta perversión del aparato judicial se alzó la voz del presidente al decir ‘nunca más’, que empieza a través de este proyecto de reforma judicial. Desconcentra el poder que tienen los 12 juzgados en Comodoro Py, creando más juzgados. Incorpora jueces de otros fueros, llevando a una ampliación del fuero federal penal a todo el país. Esto no significa sacar las causas de funcionarios del juzgado donde están. Van a seguir donde están, en línea con el “juez natural” de la Constitución. Quienes afirman eso es porque no han leído el proyecto», remarcó.
A su vez, consideró que «el Poder Judicial tiene que romper el molde de la justicia estadounidense. Los padres de la Constitución de Estados Unidos dijeron que se necesita de un poder aristocrático y vitalicio para prevenir e impedir los posibles desvíos demagógicos y populistas de los poderes políticos. Están para conservar el privilegio. Necesitamos un Poder Judicial que sea representativo y republicano. Para eso tiene que haber una reforma constitucional, tiene que estar adecuada a los desafíos del siglo XXI», aseguró.
«Hay un capítulo que es ejemplar, que refiere a las garantías que debe tener el proceso judicial penal. Es para sepultar la doctrina Irurzun. Que los jueces sepan que toda prueba debe ser adquirida legalmente por el Estado y la prisión preventiva es un instituto de excepción». Del mismo modo, Barcesat resaltó: «invita a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura a que dicten un código de ética de la Judicatura, que hasta aquí no existe».
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