El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat recalcó que en la causa Vialidad, en la que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner, “el quebrantamiento de la garantía constitucional es inocultable”. Subrayó que el poder judicial no respetó la institucionalidad y afirmó que “con este fallo buscan descalificar a la candidata con mayor caudal electoral para el 2023”.

En Lugares Comunes, Elizabet Vega Gron y Javier Corcuera dialogaron con Eduardo Barcesat. El constitucionalista sostuvo que es un fallo que “trasciende la categoría de sentencia arbitraria y entra en la de sentencia absurda” y agregó que rechazar los planteos de nulidad que planteó la defensa “quebranta el principio de inhabilidad de la doble persecución penal”.

Asimismo, recordó que esta causa ya fue investigada en su jurisdicción de origen donde se la sobreseyó, “a partir de ahí se urde la trama macabra para que Comodoro Py reabra la causa e incluya nuevos elementos”. Luego, “se la devolvió al juez Ercolini quien la instruyó y así se llegó a lo que se conoce”, añadió. Barcesat, ante todo el despropósito jurídico que envuelve a la causa Vialidad, recalcó que “el quebrantamiento de la garantía constitucional es inocultable”.

Con relación a la condena a Cristina, Barcesat señaló que si bien “no prosperó la calificación de asociación ilícita calificada, porque eso significaba la nulidad de los actos de gobierno, la condenaron por administración fraudulenta cuando sabemos que el presidente no tiene capacidad de intervenir en la administración de los fondos por lo que establece la ley del Presupuesto”, y aclaró que es el jefe de gabinete quien administra el presupuesto y es la agencia de Vialidad de Santa Cruz, que es un ente autárquico, quien aprueba las obras.

A su vez, el constitucionalista detalló los pasos procesales que seguirá la causa. Contó que “aún falta conocer los fundamentos, posteriormente se podrá apelar en la Cámara de Casación, en la que la sala 4 por decoro correspondería que se excuse de intervenir. Ese proceso lleva unos dos años hasta la sentencia. Luego queda el recurso ante la Corte, que no tiene plazos para actuar, serían otros dos años más de litigio judicial”. Por lo que expresó que paralelamente “quedan realizar los planteos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hay jurisprudencia que les permite intervenir, aún sin agotar la vía en la justicia nacional”.

En ese sentido, Barcesat manifestó que “mientras no haya sentencia firme no se aplica ni la privación de la libertad ni la inhabilitación a ejercer cargos”, que nunca puede ser permanente ya que “se suprimió eso de la perpetuidad”.

Por último, destacó que “este fallo busca descalificar a la candidata con mayor caudal electoral para el 2023, Cristina les dobló la apuesta y hablándole directamente al jefe (Héctor Magnetto) le dijo que no aceptaría ningún cargo, como Sócrates le da un ejemplo de ética a sus acusadores”, comparó Barcesat. “Las palabras de Cristina son un gesto ético, que dice:¨Está bien, no voy a competir en las elecciones, hago esto es para que vean lo que han cometido¨”, y concluyó afirmando que la decisión de Cristina fue “de una gran estatura moral”.

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