El juez Raúl Zaffaroni y la secretaria de comunicación de UTE, Paula Galigniana compartieron una charla sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre los cupos escolares en la Ciudad de Buenos Aires.

El ex juez de la Corte y actual miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni opinó que la Corte Suprema de Justicia “tendría que revocar el fallo del Tribunal de la Ciudad” que dictó contra el reclamo de una madre para que el Estado porteño garantice una vacante a su hijo de dos años. Aseguró que si no lo hace, la Ciudad tendrá la potestad de manejarse “como quiere” y no bajo las exigencias de la Carta Magna.

También en diálogo con Bernardo Borenholtz, Paula Galigniana aseguró que por año “hay más de veinte mil chicos y chicas que quedan afuera de la escuela pública”, a los que el Gobierno de la Ciudad no les da respuesta. Asimismo remarcó que la problemática forma parte de un “desprestigio sistemático de la escuela pública”, que inició hace 12 años con la asunción de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

En consonancia, la secretaria de comunicación de la Unión de Trabajadores de la Educación puntualizó que la intención de privatizar la enseñanza en la Ciudad se ve reflejada en el recorte del 6 por ciento en el presupuesto de la educación para este año, y remarcó que es “el más bajo de la historia desde la vuelta a la democracia”.

Por otro lado, desde una mirada jurídica Zaffaroni indicó que a partir del fallo todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales “no son exigibles ante los tribunales”, ya que ante cualquier reclamo la Ciudad puede alegar que “no están los recursos”. Agregó que la gravedad de la respuesta del máximo tribunal es que sienta un precedente que luego se puede aplicar en contra de los derechos a la salud y a la vivienda “borrándolos de la Constitución”.

Por último, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Tribunal “no tiene ningún fundamento legal” y que el fallo “es una aberración”. Además, explicó que incluso en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires está incluida “la norma que dice que toda educación debe ser financiada”. 

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