El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, respaldó las medidas del gobierno en el comercio exterior de granos y afirmó que el sector que impulsa el paro del campo tiene “un ánimo opositor”.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió suspender parcialmente la restricción en la exportación del maíz que había impuesto con el fin de asegurar el abastecimiento del grano para el mercado interno. De este modo, habilitó la venta al exterior de treinta mil toneladas por día. Sin embargo, la Mesa de Enlace, con excepción de Coninagro, comenzó con el cese de comercialización hasta el miércoles.

El titular de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, afirmó que dentro de los sectores que adhieren al paro “hay un ánimo opositor”, únicamente por cuestiones partidarias y no económicas. Además, recordó que gran parte de los que convocan el cese de ventas “han sido funcionarios del gobierno anterior”. Asimismo, Salas aseguró que la crisis económica que genera la pandemia “nos exige sacarnos los corsets político-ideológicos”. 

En diálogo con Fernando Alonso, Salas afirmó que “falta sinceridad” entre los representantes de las federaciones agrarias que llevan adelante la protesta y que instalan en los medios que el campo está mal cuando “nunca hubo tanta libertad, respeto y democracia”. Salas dijo que no conoce “gente de campo que haya perdido” por las medidas del gobierno y eso se ve reflejado en que “no hay remates de campos, ni persecuciones, ni espionaje”.

Salas respaldó las medidas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y sostuvo que el gran desafío es “priorizar lo nuestro para que no falte” y también que el comercio internacional no condicione los precios “en la mesa de los argentinos”.

El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba agregó que en esa provincia a los productores de menos de 400 hectáreas “se les ofreció una compensación de 1730 millones de pesos”, y la Mesa de Enlace se opuso. Salas detalló que a partir de la negativa de los representantes del agro, el gobierno abrió un registro para saber quienes, por decisión propia, no iban a recibir la reparación: “de los 38 mil productores el único que renunció fue el interventor de Vicentín”, Gabriel Delgado.

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