La abogada Natalia Salvo aseguró que a más de un año del cambio de gestión, Argentina tiene “un gobierno de jueces”, que deciden sobre las leyes sancionadas en el Congreso de la Nación.

Hace algunos días cuando el gobierno nacional cumplió un año de gestión, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió un balance del periodo legislativo pero también apuntó contra el Poder Judicial a quien señaló como el garante del lawfare en nuestro país. Además, se refirió a las designaciones por decreto en la Corte Suprema y sostuvo que quienes debían velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional “aceptaron ser designados sin cumplir con el procedimiento determinado” para cubrir los puestos de la Corte.

La abogada Natalia Salvo, retomó los dichos de la vicepresidenta y mencionó el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, que dictó falta de mérito para procesar al periodista Daniel Santoro, para ejemplificar que “el macrismo sigue teniendo injerencia en el poder judicial”. Asimismo, aseguró que estamos teniendo “un gobierno de jueces”, que decide frenar leyes cuando son “las expresiones máximas del poder soberano del pueblo”.

En comunicación con Fernando Alonso, calificó como “fundamental” la carta de Cristina Fernández de Kirchner y remarcó que “desnuda los puntos troncales del poder judicial”. Salvo remarcó que el poder judicial no es elegido por el pueblo, ni se plebiscita y además es “aristocrático” porque los jueces consideran que poseen “una cualidad especial” y eso «es lo opuesto a la democracia».

Además, la abogada aseguró que algunos sectores de la justicia “persigue opositores y salva a sus amigos”, que casualmente son parte del poder concentrado. Incluso señaló que los fallos en contra de dirigentes sociales “son hechos a medida de la mesa judicial”, cuyo funcionamiento fue recientemente destapado por Elisa Carrió en declaraciones a la prensa.

Por último, Natalia Salvo resaltó que algunos sectores de la Justicia tienen temor a “la concentración mediática que tiene lobby en el Poder Judicial”, y por eso acatan las órdenes del poder fáctico. Por eso destacó que la reforma judicial «tiene que ser una reforma cultural, para que no sea patrimonio de unos pocos».

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