La abogada feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Lola Guerra, afirmó que es “esperanzador” que Alberto Fernández haya tomado la decisión política de presentar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Lola Guerra, consideró que la iniciativa para la Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió el Poder Ejecutivo  al Congreso “es muy buena”, aunque no sea la que elaboró y presentó la Campaña Nacional. La abogada feminista destacó la “decisión política que requiere el proyecto” y calificó como “esperanzador” el hecho de que un presidente tome los argumentos consolidados por los feminismos durante los últimos años. 

Guerra, quien forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir, resaltó que Alberto Fernández “toma nuestra voz y se apoya en la marea verde” para comunicar sobre el proyecto que construyeron socialmente los colectivos de mujeres de todas las generaciones, acompañadas por la diversidad sexual.

En comunicación con Nelly Minyersky y Florencia Rey, la abogada feminista señaló que se trata de un «muy buen proyecto» y señaló algunas diferencias con el de la Campaña. Una de las principales está vinculada al artículo sobre la Educación Sexual Integral, dado que el proyecto del Ejecutivo no contempla algunos contenidos.

“El derecho sexual y reproductivo tiene que ser integral”, sostuvo Guerra y agregó que si bien la Interrupción Voluntaria del Embarazo es una parte importante para poder “ejercer el derecho a la libertad y a la autodeterminación”, esta lucha no lo es todo.

El trabajo en las cuatro comisiones de Diputados que debatirán el proyecto comenzará la próxima semana y según trascendió tras la reunión de Sergio Massa con los y las presidentas de las comisiones, el proyecto podría llegar al recinto a mediados de diciembre.

Sobre los plazos para el debate, Lola Guerra opinó que la discusión profunda sobre la despenalización y legalización del aborto ya ocurrió en 2018 y que por lo tanto “se tiene que dar un tratamiento más rápido” para poder avanzar en los derechos humanos de las mujeres y poder tener la Ley.

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