La jueza federal de San Martín, Martina Forns; el fiscal federal electoral Enrique Senestrari y el fiscal general de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia charlaron con Marcela Carlomagno en el programa Justicia sin Vueltas sobre el mecanismo de persecución y amedrentamiento perpetrado sistemáticamente durante la gestión de Mauricio Macri.

A partir de las denuncias realizadas por la presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, hoy interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, sobre «amedrentamiento, persecuciones a distintos integrantes del Poder Judicial y la creación de causas judiciales junto a los medios hegemónicos de comunicación en los últimos cuatro años de neoliberalismo», Marcela Carlomagno invitó a la jueza y a los fiscales, integrantes de la Asociación Justicia Legítima, a describir sus experiencias.

Martina Forns, Enrique Senestrari y Gabriel de Vedia «fallaron o dictaminaron a favor de los derechos humanos de las personas vulneradas o de las comunidades vulneradas por los grandes poderes», resaltó Carlomagno. Y también fueron víctimas de la maquinaria de espionaje, amedrentamiento e intento de disciplinamiento durante la gestión neoliberal en nuestro país.

Martina Forns afirmó que “después de estos cuatro años se puede hacer un análisis de lo que les pasó a todos aquellos que dictaban fallos contrarios al gobierno u opinaban en los medios de comunicación, que enseguida el mecanismo de persecución se ponía en marcha. Tenía un afilado y sistemático modo que consistía en el uso de redes sociales, los llamados trolls, que eran muy violentos. En mi caso llamaban a escrachar en mi propio domicilio, a insultarme, por haber dictado la sentencia en el caso de suspensión del aumento de tarifas”, sostuvo.

“Cuando saqué el fallo y remití la causa a la Corte, como era una acción colectiva, la Corte no admitió el expediente y me dijo que con esa actitud yo desprestigiaba al Poder Judicial, un hecho inédito”.

Forns aseguró que «había una combinación entre la prensa, los programas de televisión y las radios. Era un replicar constantemente quién es la jueza Martina Forns, de dónde proviene, con quién trabajaba. Y luego aparecían denuncias en el Consejo de la Magistratura que a veces eran en forma directa, o como a mí, que me lo hacían por interpósita persona. Una después se dio cuenta de que eran personas cercanas al poder, por ejemplo Graciela Ocaña, que después obtenían cargos políticos. También se hostigaba a la persona, hurgando en sus antecedentes familiares y sus bienes”.

“Pusieron una bomba en la esquina de mi casa», contó. «A partir de ahí tuve una custodia. Y también tiraron un proyectil en la habitación de mi hijo. Y ahora voy atando cabos de cuando un vecino me preguntó si mi hijo tenía un dron. Evidentemente se usó toda la tecnología”.

Enrique Senestrari, por su parte, recordó su situación en el año 2016, que “incluso continúa hoy porque todavía hay sumarios abiertos con denuncias absurdas, que sirvieron para amedrentar, para tratar de disciplinar. En 2016 me tocó intervenir dictaminando en un amparo sobre el tarifazo energético del ministro Aranguren. Inmediatamente me visitó un abogado, que decía ser abogado personal del presidente y mencionó el amparo. Después hice un dictamen avalando lo que decían los amparistas, diciendo además que el tarifazo era producto de la comisión de un delito, por ser un ministro que era accionista de una empresa y se acababa de bajar para asumir el ministerio. Y que estaba tomando decisiones que enriquecían a esa empresa y a sus propias acciones. El juez, que era de la corporación judicial, dijo no a todo”.

Senestrari contó que “después de eso empezaron a aparecer todo tipo de denuncias en mi contra. Apareció el famoso audio de ‘que se caiga Macri’, que lo dijo un periodista y decidieron que yo había cometido una infracción disciplinaria. Apareció el audio en la Procuración General, y un ministro de Justicia le metía pronto despacho a la Procuración para que avance en mi contra”, detalló.

“Después se subieron al caballito de la persecución abogados e inclusive hay imputado un exempleado de la fiscalía, porque hacían una especie de espionaje sobre redes y sobre mis comunicaciones privadas y las hacían públicas”.

“La tormenta pasó. El ministro ya no es más ministro, tiene que responder penalmente por las cosas que hizo”, sostuvo.

Gabriel de Vedia consideró que “fue un plan sistemático, que tuvo varios elementos: uno era amedrentar, asustar y después perseguir en forma más directa, para lograr por un lado que se culpe o responsabilice penalmente a determinados exfuncionarios de la gestión anterior a la de Cambiemos, y por otro lado para lograr determinados criterios en leyes que se sancionaban a lo largo de esos cuatro años”.

“En mi caso, que estuve a cargo de la Unidad que investiga delitos de la Seguridad Social, desde allí denunciamos a varios funcionarios y ministros, y muchísimos empresarios del poder económico hegemónico, por evasión de aportes previsionales –Calcaterra, entre otros-,  a funcionarios por las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron dadas de baja, y otras causas. En ese marco de grandes denuncias –Caputo quizás fue la más relevante a nivel mediático- tuvimos muchos problemas para gestionar, cortes de luz, pedidos a ANSES para que no envíe informes, infinidad de incomodidades, una persecución cotidiana”, explicó.

“Fuera de la gestión tuvimos problemas serios. Quisieron entrar en mi casa, hubo autos merodeando. Hasta que entraron al jardín con armas, y a los gritos dijeron ‘hay que callar al fiscal’, contaron los vecinos. Golpearon y patearon la puerta. Mi esposa estaba sola. Antes hubo whatsapp enviados a mi celular, diciendo ‘no denuncies más’. También hubo una persecución de la AFIP impresionante, hasta que blanquearon ‘hay una orden de arriba, hay que encontrarles algo’, concluyó.

Consultados respecto al tema de la reformas judiciales por venir, Martina Forns destacó la “modificación de los fueros donde se cuestionan los actos de gobierno”, y la “democratización del fuero federal”.

Por su parte Gabriel de Vedia consideró que se debe trabajar en “la conformación del hombre de derecho en la Argentina, algo imprescindible para poder tener un Poder Judicial al servicio del pueblo y que tenga como vara resolver conforme a justicia, que debe abarcar también la justicia social, uno de los grandes déficits que tiene nuestra sociedad”.

Enrique Senestrari planteó, a partir de inquietudes de gente de Trabajo Social, la idea de un “observatorio social de la Justicia”. “Ojalá logremos desde Justicia Legítima impulsar esa idea, de representación popular”.

También participó del programa la presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, quien celebró lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura, donde tanto la Comisión de Acusación como el Plenario del Consejo aprobaron cerrar las denuncias «contra los magistrades Martina Forns, Marcela Pérez Pardo y Alejo Ramos Padilla, todes integrantes de Justicia Legítima».

“Creo que llegó el momento de que la Justicia ingrese al Poder Judicial, de donde se fue el 10 de diciembre de 2015. Por suerte, después de más de tres años de que estos magistrades estuvieran imputados se hizo justicia”, afirmó.

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