La analista económica del CEPA, Valentina Castro afirmó que si la interrupción del embarazo fuera legal el Estado “hubiera ahorrado el ochenta y ocho por ciento del costo fiscal” que se utilizó en el tratamiento de las complicaciones por abortos clandestinos. 

El Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina elaboró un informe que indica que en Argentina se realizan por año 450 mil abortos clandestinos y que 45.600 personas con capacidad de gestar debieron ser atendidas en hospitales por complicaciones derivadas de esas prácticas.

La analista económica del CEPA, Valentina Castro, resaltó que el informe realizado demostró que el «costo oculto» de un aborto clandestino “es hasta 21 veces más alto que el aborto legal y gratuito”. Por ese motivo, concluyó que con lo que cuesta al Estado la atención de esas 45.600 personas por complicaciones, cubriría el costo de abortos legales para 430 mil personas gestantes.

También, estimó que con una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el Estado “se hubiera ahorrado el ochenta y ocho por ciento del costo fiscal” que se requirió para asistir las complicaciones de salud derivadas de abortos clandestinos. 

En comunicación con Fernando Alonso, Castro explicó que los datos del Observatorio provienen de un estimativo del costo de los tratamientos médicos, sumando las posibles complicaciones y se valorizan “considerando los costos del sistema de salud público a diciembre de 2020”.

Valentina Castro señaló que el aborto “es una cuestión de salud pública, pero también es una cuestión económica”, y remarcó la necesidad de desmitificar los costos de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, Castro consideró que con el inicio del tratamiento del proyectos IVE en la Cámara Baja “tenemos una oportunidad histórica para garantizar la salud y cerrar brechas de desigualdad”. Además, Castro valoró la voluntad política del gobierno nacional para incluir la Ley de los Mil Días que “apuesta al escenario de derechos y a pensar las maternidades deseadas”.

Por último, Valentina Castro sostuvo que es necesario dejar de lado cuestiones morales, y remarcó que estamos hablando de «una ley que busca reducir las muertes de las personas gestantes, una necesidad, un derecho, y una cuestión urgente».

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