Adrián Corvalán, abogado especialista en Derecho Penal, conversó con Lía Méndez y Pedro Mouratián en el programa Quererse libre sobre la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, agravada por el contexto de pandemia. Consideró que «si no se resuelve el hacinamiento, no se puede resolver ninguna otra problemática dentro de las cárceles». Y advirtió: «Imagínense 43 mil personas infectadas en lugares muy pequeños, donde tendrían que vivir dos y viven diez. Tenemos reflexionar y tomar una decisión que es política».

«En las cárceles de la provincia de Buenos Aires, como en muchos otros estamentos, la pandemia puso al descubierto una cantidad de datos que nos están preocupando mucho más que en el contexto normal, donde la problemática ya es severa» señaló Corvalán. «La pandemia nos apuró a hacer un diagnóstico sobre con qué población carcelaria se encuentra la provincia. Más allá de que los datos existían, se hicieron más públicos».

«El último trabajo que hicimos establece que si no se resuelve el hacinamiento, no se puede resolver ninguna otra problemática dentro de las cárceles», afirmó.

Explicó que la provincia de Buenos Aires «tiene 60 unidades en todo su territorio, con capacidad para 24 mil detenidos y tiene casi 44 mil, con el agregado de que las comisarías están absolutamente abarrotadas».

Detalló que «las cárceles bonaerenses están entre los 12 y 15 mil detenidos excedidos de sus libertades. El código penal establece que después de haberse cumplido las dos terceras partes de la pena, el último tercio –en caso de no tener antecedentes penales, o sea de no ser reincidente- puede cumplirse en el pleno ejercicio de su libertad, con algunos controles. En esa condición tenemos 15 mil personas», puntualizó.

Adrián Corvalán trabaja en la construcción de políticas Públicas relacionadas a la problemática carcelaria desde hace más de 25 años, es fundador del Observatorio de Políticas Integrales en las cárceles de Buenos Aires. Desde el observatorio se estudia la problemática del hacinamiento, se generan propuestas de trabajo para el área y se asesora a los gobiernos provinciales sobre legislación y problemática carcelaria.

En relación a la problemática específica ligada a la pandemia de coronavirus, indicó: «Tenemos confirmado un caso positivo COVID-19 en la Unidad 46 de San Martín, casos en Bahía Blanca, y empieza a esparcirse a lo largo y a lo ancho de toda la Provincia de Buenos Aires. Nosotros nos preguntamos cómo hacemos para decirle a esos jóvenes, porque el 98 o 99 por ciento son jóvenes, que habiendo cumplido con la sentencia que el juez le dictó en su oportunidad, y habiendo hecho lo que la ley le exige –observar sus reglamentos, o sea portarse bien adentro de la cárcel- , aún están presos. Y en esas condiciones hay 15 mil», insistió.

«Esa gente está en condiciones de poder regresar a su casa después de haber cumplido esa pena que la sociedad demanda cuando dice ‘que paguen por lo que hicieron’. Ahí hay una gran deuda nuestra desde la sociedad hacia la gente que está detenida. Ahí no estamos hablando de si algunos son violadores, si otros son homicidas, si son esto o aquello, sino que estamos hablando de esa fracción de gente que estando privada de la libertad ha cumplido con el tiempo que el Estado, que la sociedad, que la Justicia le han demandado que cumpla», remarcó.

A su vez, explicó que «la persona que está privada de la libertad, el único derecho que pierde es el ambulatorio, y todos los demás se lo debe garantizar el Estado. Y el Estado no puede hacerse cargo de que no tiene los elementos: cuando el juez le pide al Servicio Penitenciario el informe de salud, La Dirección Provincial de Salud Penitenciaria le dice que el Estado provincial está en condiciones y el Servicio Penitenciario tiene la posibilidad de darle la atención médica necesaria para cualquier patología que se genere a partir del COVID. Lo cual es una irracionalidad absoluta, porque sabemos que los intendentes están saliendo a decirle a todo el mundo que se quede en su casa, porque están perdiendo la posibilidad de ocupación de las camas de terapia».

«Imagínense 43 mil personas infectadas en lugares muy pequeños, donde tendrían que vivir dos y viven diez», advirtió. «Tenemos que hacer una reflexión y tomar una decisión que es política.

«O abandonamos a la persona y cometemos un delito, que sería “abandono de persona seguido de muerte” si esa persona no ingresa al sistema sanitario y es llevada a una cama de terapia intensiva, o colapsamos el sistema llevando 500 personas. La provincia de Buenos Aires tiene 2.000 camas de terapia, y tiene casi 44 mil personas detenidas», enfatizó.

«La urgencia es de tal magnitud, la problemática es tan grave que hay que resolverla. El problema es que, ante la eventual posibilidad de que esto ocurra, el gobierno en algunos aspectos se cierra y no acepta determinados consejos, que son los elementales».

«Le estamos dando una solución. No le estamos diciendo que larguen, como el proceso de construcción comunicacional nos decía: ‘pero en definitiva largan a los ladrones, a femicidas’. No. Esta gente cumplió con la ley. Nosotros no tenemos que someternos a sostener en qué condición la cumplió. Porque antes de eso, el Estado –en cabeza del Poder Judicial- entendió que el delito por el cual venía a ser juzgado debía considerarse con una sanción de determinada característica».

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