La diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, Carla Carrizo, de la UCR, evaluó los seis primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, en particular desde el arribo de la pandemia de coronavirus. «Los dos primeros meses hubo esa idea de sensatez de la dirigencia política, la de unirnos frente a una situación absolutamente inédita. Había una sintonía dirigencia-ciudadanía. Y eso se fue rompiendo», sostuvo.

Señaló que «hubo algunos errores, algunos por omisión y otros por elección, que activaron nuevamente la grieta en algunos sectores, que los tiene el gobierno y los tiene la oposición». Asimismo, consideró que «uno tiene que hacer política en función de lo uno cree que tiene que representar». «A mí no me gusta la antipolítica fogoneada. Me parece una irresponsabilidad política», aseguró.

En diálogo con Andrés Scharager, Verónica Ocvirk y Federico Dalponte en el programa Vos Sabés que Sí, la diputada de la UCR Carla Carrizo afirmó que «la pandemia nos llega con un montón de crisis estructurales acumuladas. Los dos primeros meses hubo esa idea de sensatez de la dirigencia política, la de unirnos frente a una situación absolutamente inédita. Y frente a la incertidumbre y el temor de la vida y del cuidado, esos dos meses vivimos una especie de paraíso en crisis, de la no grieta. Había un clima de empatía, de esfuerzo colectivo. Había una sintonía dirigencia-ciudadanía. Y eso se fue rompiendo», señaló.

Consideró que «hubo algunos errores, algunos por omisión y otros por elección, que activaron nuevamente la grieta en algunos sectores, que los tiene el gobierno y los tiene la oposición».

En relación a la figura presidencial, sostuvo que «en un contexto de crisis la presidencia es el centro, la institución que nos representa a todos. Esa figura de liderazgo, de moderación, de contención, de sensatez, tiene una exigencia que no tienen los gobernadores, los diputados y los senadores. Y me parece que hubo algunos hechos que quebraron esa sintonía, como por ejemplo la liberación de los presos, que se vivió como que fue un artilugio para salvar a una minoría de la élite política. Sacaron gente que tenía condena, como Jaime».

«Entonces se empezó a quebrar el artículo 16 de la Constitución Nacional: que todos somos iguales ante la ley. Y la percepción de privilegios, de asimetría en un contexto donde todo el mundo está poniendo esfuerzo enoja», indicó. «Fue un shock, porque salieron femicidas. Fue una confusión, pero sobre todo fue una percepción de injusticia. Ahí quedó en evidencia que la élite dirigente exige pero no entrega», sostuvo.

«Después hubo algunas declaraciones que generaron temor. Alguna diputada dijo, cuando se dispuso lo de las ATP, que la contraprestación ‘va a ser que nos den acciones’, no va. En la incertidumbre, cuando la dirigencia política pierde la sensatez, lo que la ciudadanía siente, es que se quiebra esa idea de que todos somos iguales ante la ley, y lo que produce es enojo, orfandad y frustración».

La diputada detalló que «a partir de ahí hubo una sucesión de errores, que generó también el tema de la intervención y la expropiación, independientemente de Vicentin y la supuesta ilegalidad, que eso lo tiene que hacer la Justicia, con respecto a lo que fue la defraudación y el crédito del Banco Nación. Pero el punto es que eso se vivió como un tema político más que como un problema judicial. Y se va a resolver en términos políticos.

«El mensaje que da la institución presidencial y dirigentes que crean opinión ordenan, y si ordenan mal, lo que generan es orfandad, frustración. Y me parece que es lo que está ocurriendo», insistió.

Carrizo reconoció que «la oposición también tiene una gran responsabilidad. Y el camino corto es ‘si ellos se radicalizan, nosotros también’. Pareciera que la moderación no nos representa. Pero la moderación no tiene que ser una táctica, ni del gobierno, ni de la oposición. La moderación es una regla en las democracias. Uno tiene que hacer política en función de lo uno cree que tiene que representar. Con más razón aun si hay un quiebre y un desvío de la moderación», señaló.

«En esos dos primeros meses, cuando había clima de empatía, empezamos con los aplausos de las 9 de la noche, que eran al personal de salud. Pero ahí nomás empezó la polarización. Y hablo por un sector de Juntos por el Cambio: a mí no me gustó cuando fogoneaban el cacerolazo. Antes de tiempo. Si funcionan las instituciones y algo no nos gusta, tenemos las instituciones para exigir límites y crear acuerdos. Pero en esos primeros meses era disruptivo hacer un cacerolazo», resaltó.

«A mí no me gusta la antipolítica fogoneada, que no es lo mismo que la expresión de la disconformidad, la angustia. Eso está perfecto, porque cuando vos no podés transitar y tenés otros recursos para protestar, las cacerolas a mí me parece que son un recurso para que la ciudadanía tenga una opinión en el espacio público. Ahora, fogoneada por los políticos institucionales, no va. Y me parece una irresponsabilidad política eso, porque cómo es que la antipolítica la va a militar la política institucional».

Acerca de la intervención y expropiación de Vicentin expresó: «Yo soy radical y pertenezco a un espacio que es Evolución Radical, y nosotros defendemos la moderación como estado, pero somos reformistas. Si me decís cuál fue la oposición de Juntos por el Cambio con Vicentin, hubo un grupo que fue lo máximo: vos no podés presentar una denuncia con un juicio penal al presidente por una decisión política que toma. Podés discutirla públicamente, pero antes de eso tenés que hacer un pedido de informes, no podés ir a un recurso judicial extrapolítico para marcar un límite. Ese sector por suerte es una minoría», remarcó.

«El tema de Vicentin fue un error compartido, de gobierno y oposición. Porque si es verdad que el presidente quería crear una empresa estratégica, ahí se disoció mensaje y mensajero. No es lo mismo que vos des un mensaje rodeado con líderes de oposición, con el ministro de Agricultura, con integrantes de la empresa estatal YPF, y con el gobernador, que darlo solo, vinculado a gente del pasado. ¿Cómo lee la ciudadanía? Lee mal. No lee para adelante, lee para atrás. Ahora la solución va a ser política, no va a ser judicial», indicó.

Para concluir, la diputada analizó cuál sería el aprendizaje de la pandemia: «Poder ver el Estado que tenemos, y poder hacer el Estado que necesitamos. El Estado interviene con todas sus falencias. Entonces ¿es un bien público o un mal público en este momento estatizar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo podés proteger a los deudores, que son las víctimas? No necesariamente para el Estado ayudar hoy es estatizar, porque no tiene la capacidad, la inteligencia estratégica para liderar una situación de crisis. Lo que no quiere decir que regule bien».

«Es una gran oportunidad para tener un ciclo reformista en la Argentina».

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