El senador provincial por el Frente de Todos, Francisco «Paco» Durañona, se refirió a la extensión de la cuarentena en la Provincia de Buenos Aires y opinó sobre la intervención y expropiación de la empresa Vicentin. «El presidente tomó una decisión, y todavía falta dar el segundo paso, que es avanzar en el proyecto de ley que declara la utilidad pública e inicia el proceso expropiatorio», afirmó.

En diálogo con Fernando Alonso, en el programa Reporta Caput, el senador provincial Francisco «Paco» Durañona, sostuvo que «en la Argentina hay un problema estructural, que es la necesidad de pensar un país federal, donde apostemos al arraigo de las comunidades, con posibilidades de desarrollo sin seguir acumulando población. En el 5 por ciento del territorio se acumula más del 80 por ciento. Entonces pasa que todos estamos monitoreando lo que sucede en el área metropolitana respecto a la cuarentena», señaló.

De este modo, graficó la situación del territorio provincial, en relación a las diferentes fases de aislamiento: «Si flexibilizamos, suceden casos como un comerciante que viaja al área metropolitana y termina llevando el virus a sus comunidades», indicó. «Mientras siga habiendo esta matriz centralizada, otros territorios con una situación diferente, como San Antonio de Areco, que estamos pasando a la fase 5, vemos limitada la posibilidad ante el retroceso del área metropolitana».

Por otra parte, en torno a la expropiación de Vicentin, consideró que «no existe verdaderamente el sector privado separado del público. Cualquier empresa o individuo tiene una relación permanente con lo público, recibiendo beneficios o pagando impuestos. Nunca una empresa puede transitar libremente en el sector privado sin rozar lo público y además quienes tenemos una mirada peronista entendemos que hay una función social de lo privado».

«Antes de que Vicentin entre en concurso de acreedores en enero propuse la intervención, porque era el momento indicado para participar en la estrategia», afirmó. «Distinto hubiera sido si preparábamos el terreno para un concurso y una continuidad de la empresa de manera ordenada. Una vez que entra en concurso sólo podemos intervenir con un proyecto que declare la utilidad pública y se declare la expropiación», explicó.

«A mí la resolución del juez me parece correcta, podría haber dicho que no corresponde la intervención porque no se había enviado el proyecto de ley al Congreso, que es el único sustento de la intervención».

«No creo que el presidente se haya apresurado. Creo que tomó una decisión, y todavía falta dar el segundo paso, que es avanzar en el proyecto de ley que declara la utilidad pública e inicia el proceso expropiatorio. Había que mostrar una decisión política respecto de cuál es la posición del Estado frente a esta situación lamentable de la empresa».

«Hay dos sectores que son estratégicos: uno es la energía y el otro son los alimentos, y el Estado argentino no puede quedarse afuera de un protagonismo esencial en esos negocios», concluyó.

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