El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, charló con Marcela Carlomagno en el programa Justicia sin Vueltas y explicó algunos aspectos del funcionamiento judicial en la coyuntura del aislamiento por la pandemia de coronavirus. Además recorrió datos de su trayectoria y describió su vínculo con los ministros de la Corte Suprema. «En el Consejo de la Magistratura seguramente hay muchas cosas que tengo que aprender, pero del manejo interno no creo que haya alguien que sepa más que yo”, aseguró parafraseando un tango.

Alberto Lugones nunca imaginó tener que presidir el Consejo de la Magistratura en tiempos de pandemia y aislamiento social: «Yo pensaba a esta altura del año estar viajando por el país viendo los problemas de infraestructura, en una situación económica compleja como la que tenemos, ver qué podemos hacer. Y hoy el gran desafío del Consejo pasa por ver cómo podemos hacer funcionar el Poder Judicial por vía remota. Hoy todo es informática, es ver de qué manera logramos darle a la sociedad una respuesta. Y a su vez no correr el riesgo de que todos los que somos operadores judiciales podamos contagiarnos de una enfermedad que no sabemos muy bien cuándo empieza y cómo termina. En mi caso, soy persona en edad de riesgo y tengo que cuidarme. Estamos trabajando. Tratando de que el Consejo dé respuestas, sin plata”, resumió.

Precisamente en relación a la cuestión de los fondos, Lugones especificó que se le informó a la Corte que, conforme a lo que estaba previsto en el Poder Judicial, y con ayuda de recursos del Poder Ejecutivo, estaba cubierto «hasta el sueldo de junio», que «estaba complicado pagar el aguinaldo» y que «no había casi fondos en orden a las demandas de higiene, seguridad y todo lo relativo a la necesidad de trabajar presencialmente, que en algún momento se deberá empezar». Y sostuvo que lo que no se podía autorizar «de ninguna forma» era que la gente «fuera a los despachos a contagiarse, que se contagiaran nuestros amigos jueces, nuestros amigos funcionarios, los empleados o los abogados”.

En cuanto al funcionamiento de la Justicia durante la particular situación de aislamiento, explicó que se deben implementar recursos tecnológicos y detalló que “en el tema tecnología se requiere mucha inversión. Hoy se están firmando alrededor de 50 mil expedientes más sentencias por día con firma electrónica”.

“La Dirección General de Tecnología depende del Consejo de la Magistratura. Se necesita gente comprometida, porque si no, no funciona. Si no se ponen al hombro el desafío del Poder Judicial, claramente no puede funcionar», remarcó.

En este aspecto se detuvo para resaltar que «hay que terminar la migración de datos al sistema nuevo de programación. Muchas facturas de lo relacionado a informática estaban pendientes de pago desde hace dos años. Esto es lo que nosotros nos encontramos cuando empezamos a funcionar”, señaló.

«Le pedimos a la Corte todos los programas que necesitamos para actualizar y que en lo inmediato podamos seguir funcionando. E hicimos un acuerdo con ARSAT, que es una empresa del Estado, para que nos provea la plataforma Jitsi de conexión vía Internet para hacer los juicios orales, que los medios decían que no queríamos hacer”.

Lugones explicó que “dos medios salieron a decir que el Consejo, con la mayoría kirchnerista estaba frenando los juicios para salvarle la ropa a Cristina Fernández de Kirchner. Me enoja porque si lo hubiéramos hecho, nos haríamos cargo. Si a mí me preguntaban entre el gobierno anterior y este gobierno cuál me caía más simpático, claramente me cae más simpático este gobierno, pero yo estoy en otra función, no estoy haciendo política. Lo mío es hacer que funcione un cuerpo que está encargado de administrar el Poder Judicial. Y entre las cosas que administra está el sistema informático. Entre las cosas que nos tocó administrar como consecuencia de la pandemia están los juicios orales, que tienen que hacerse a distancia”.

“Yo no le voy a dar prioridad a un juicio respecto de otro, porque si no le tendría que dar prioridad al juicio que tiene personas detenidas o prisiones preventivas y que tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano, porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, a que su cuestión se resuelva. Otro aspecto puede ser si hay un juicio que puede caducar o prescribir. Si no, tiene que ver con el tribunal que lo pidió primero. Algunos lo pidieron la semana pasada y fueron a los medios diciendo ‘no nos quieren proveer la plataforma para hacer el juicio oral’. No vengan conmigo para hacer campaña, porque yo entiendo, ya nos hemos curtido con estos temas”.

A propósito de su vasta experiencia y trayectoria en el Consejo de la Magistratura, parafraseó: “Hay un tango que dice ‘en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo’. En el Consejo de la Magistratura seguramente hay muchas cosas que tengo que aprender, pero del manejo interno no creo que haya alguien que sepa más que yo”.

Respecto al vínculo con la Corte Suprema, expresó: “La relación del Consejo con la Corte es histórica, hubo peores momentos o menos peores, quizás. En este momento que me toca a mí, yo tengo muy buen trato con todos los ministros, los conozco a todos, nos entendemos en lenguaje común, pero la realidad es cuando ellos tienen que decidir en cuestiones que son propias de la Corte y no dejan que nadie siquiera opine. El tema que tenemos es el de los recursos. Yo no voy a entrar en esa discusión, que me parece que no tiene sentido, que es que ‘no puede ser que haya una Corte rica y un Poder Judicial pobre’. Si la Corte es rica es porque hay un porcentaje que es el que está establecido que reciban, que no es el que corresponde, y nosotros recibimos un porcentaje, que tampoco es el que corresponde, y no nos alcanza. A ellos les sobra y a nosotros nos falta. Teléfono para quien corresponda”, finalizó.

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