La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, se refirió a la flexibilización de la cuarentena en el conurbano y en el interior de la provincia. «Todas las cámaras pujan por poder flexibilizar o abrir su actividad. Ahí es donde tiene que ejercer un fuerte rol el Estado, porque es el que tiene la mirada sobre la circulación del virus y del funcionamiento epidemiológico de cada uno de los distritos», afirmó.

La ministra explicó que frente a cada apertura o modificación de la cuarentena, se inicia «una ronda de consultas con los intendentes sobre las actividades habilitadas y si se refrenda esta habilitación o no. El gobernador en conjunto con el Ministerio del Salud y jefatura de Gabinete la consideran y se decide».

“En el interior de la provincia hay muchos municipios que no han tenido ni un solo caso de coronavirus. Y obviamente hay mucha más flexibilización”.

María Teresa García consideró que el problema es el conurbano: «Son 7 millones de personas en una extensión de territorio no muy grande, lo cual indica que hay mucha densidad de población, sobre todo en el primer y segundo cordón, donde tienen puesta la mirada tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador. Es difícil la toma de decisiones en función de las solicitudes que hacen los intendentes, ya que nos separa de la Ciudad de Buenos Aires la General Paz. Con 3 millones de habitantes, la Ciudad de Buenos Aires tiene una altísima cantidad de casos, sobre todo en los últimos días. Un alto nivel de circulación, por lo tanto nosotros tenemos que cuidar permanentemente que eso no transite el conurbano de la provincia”.

“Tenemos cerca de 1.200 barrios humildes, vulnerables, en el primero, segundo y tercer cordón, y ya sabemos que el virus circulando en estos lugares hace estragos», sostuvo la ministra.

“Lo que es innegociable para el gobernador para preservar el conurbano bonaerense es el tema del trasporte público, que sigue siendo muy restrictivo, solamente para aquellas personas que cumplen actividades esenciales y nada más».

“Nuestra base económica en el conurbano es la actividad productiva e industrial. Podemos controlar muy bien el protocolo de las empresas que empiezan a trabajar. Todas las que presentaron solicitud vienen acompañadas de un protocolo sanitario muy estricto y del compromiso del traslado de su personal, ya sea con minibús, combi o en auto. Esos trabajadores no se van a usar el transporte público”.

En relación a las presiones para la apertura de actividades, aseguró que “cuantos más días pasen, mayor va a ser la tensión, la económica y la del sostenimiento de la salud. Todos los días tenemos solicitudes de todo tipo, desde la apertura de la actividad comercial hasta las profesiones, las agencias de lotería. Todas las cámaras pujan por poder flexibilizar o abrir su actividad. Ahí es donde tiene que ejercer un fuerte rol el Estado, porque es el que tiene la mirada sobre la circulación del virus y del funcionamiento epidemiológico de cada uno de los distritos. Por eso tiene que actuar con una enorme responsabilidad”.

Respecto a la actitud de los intendentes de Juntos por el Cambio, manifestó: “Hace 60 días que mantenemos una relación diaria con los 135 intendentes, tanto por los reclamos, los problemas, el fortalecimiento del sistema de salud, la ayuda financiera y un largo listado de temas. Se han comportado bien, con sus diferencias. La relación es buena. No hemos tenido ningún problema con la oposición. Ayer han acompañado una solicitada de apoyo a la negociación de la deuda de la provincia los 135 intendentes. No hay nadie que haya sacado los pies del plato de las decisiones de la provincia de Buenos Aires».

En cuanto a la situación del al servicio penitenciario, la ministra afirmó que «la situación de los penales en la provincia es desastrosa. Nosotros nos encontramos en diciembre con casi una bomba de tiempo, porque hacía cuatro meses que no se abastecía de determinados alimentos a ninguno de los penales. Nos encontramos con el riesgo de motín en diciembre. El ministro de Justicia comenzó a trabajar con distintos sectores para resolver la situación de inhumanidad. En la gestión anterior, la población carcelaria se duplicó. Hay plazas para aproximadamente 24 mil detenidos y nos encontramos con 50 mil».

«Como dijo el gobernador Axel Kicillof, el Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad ni de encarcelar, ni de liberar, ni de morigeración. Son decisiones que toma la Justicia. Sin embargo creo que ha sido utilizado por un sector de la oposición muy pequeño para generar inestabilidad en la opinión pública», concluyó.

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