Por Marcelo Duhalde y Fabián Mettler

La Argentina atraviesa una situación de inusual gravedad. Al país implosionado que dejó el macrismo, se le suman los efectos devastadores de la pandemia del Covid-19. La nación se encuentra en terapia intensiva, jaqueada por múltiples enemigos: los bonistas, el FMI, el virus, la catástrofe provocada por el modelo neoliberal macrista y el propio derrumbe de la actividad por efecto de la cuarentena. Sin embargo, esta situación de enorme fragilidad interna y externa puede ser la gran oportunidad para alumbrar definitivamente un nuevo paradigma de Estado. Para que sean los ricos, los socios del gobierno anterior, los que paguen las deudas y financien el costo de poner en marcha el país.

No hubo crisis, se intentó otro modelo

La aparición sorpresiva del virus no hizo más que agravar los efectos de una economía que ya venía en recesión, con inflación galopante y estaqueada por los acreedores extranjeros; consecuencia de una política de exclusión de la mayoría del pueblo argentino. Alberto Fernández recibió en diciembre de 2019 un Estado degradado y en real default. Los tarifazos, la devaluación y el endeudamiento del macrismo llevaron en cuatro años a  la quiebra a más de 23.000 pymes, podaron el salario real en más del 20y escalaron la inflación casi al 60%; la más alta desde 1994. Los que vinieron a hacer la “Revolución de la Alegría” se fueron el 10 de diciembre último con la intención de volver en el 2023. Se fueron, sí, pero dejaron maniatado al país; situación de la que costará salir.

Deuda y fuga. Dos caras de la misma moneda

Muchas cosas graves hizo el gobierno de Macri, pero quizá la más letal fue el endeudamiento externo. Además, por supuesto, de la brutal deuda interna con el propio pueblo. Sin ninguna necesidad tomó deuda en cuatro años  por 137.000 millones de dólares. Esas divisas, prestadas por fondos de inversión externos y por el manotazo de ahogado al FMI, entraron por una ventanilla del Banco Central, se registraron como deuda del país y se fueron por la otra -en gran proporción- a las cuentas offshores de la élite económica local. Fue, quizás, la mayor operación de bandolerismo financiero de que se tenga registro, al menos en democracia. Prueba de ello es que el FMI, obligó al expresidente a desprenderse de su hombre más cercano y operador principal, Nicolás Caputo. El pueblo se quedó con la deuda y un puñado de delincuentes se quedó con miles de millones de dólares. La promesa de los “brotes verdes” y la “lluvia de inversiones” quedaron como anécdotas tragicómicas para las redes sociales.

Cuarentena

En medio de ese escenario catastrófico aparece el temible coronavirus. A tres meses de haber asumido el gobierno, el hombre que venía a encender la economía no tuvo más remedio que apagar los pocos motores que quedaban funcionando. En una estrategia acertada e implementada en tiempo récord, tuvo un primer e importante acierto al convocar a todos los sectores académicos, profesionales, universidades, políticos, sindicales y sociales, con lo que logró una manifiesta sensación de confianza en el nuevo gobierno. Alberto Fernández y los expertos, lograron aplanar y retrasar en el tiempo la curva de contagios. Sin temerle al falso dilema de elegir entre la salud o la economía, el presidente puso al país en estricta cuarentena. Usó el único mecanismo efectivo para detener el contagio y tuvo éxito. Por supuesto, esto implicó un enorme esfuerzo fiscal. El Estado, apalancado por la emisión, puso en marcha distintos programas alimentarios y de transferencia directa de recursos para atender la emergencia de los sectores más vulnerables (Ingreso Familiar de Emergencia). También estableció precios máximos para productos de la canasta básica y un menú de créditos a tasa cero, descuentos y facilidades para empresas. (Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción, entre otros).

El mundo y el futuro

El panorama internacional sigue siendo desalentador. El comercio entre las naciones está cayendo vertiginosamente (caerá, según estimaciones de la OMC, entre un 13% y un 32% en 2020). La abundante inyección de recursos y las bajas de tasas en los países centrales parecen ser inocuos para encender las turbinas de la economía mundial. La Cepal, en el “Informe Especial Covid-19”, sostiene que en la región se registrará la peor caída económica de la que se tenga registros desde 1900. Sin duda se conformará una nueva relación entre los países y habrá que prevenirse de los embates de las grandes potencias, de los organismos internacionales y empresas multinacionales, que pretenderán sacar la mayor tajada sometiendo a las naciones de menores recursos.

Alberto Fernández y especialmente Cristina Fernández de Kirchner, que gozan de una excelente imagen internacional, estarían en condiciones de proponer un nucleamiento de naciones en situaciones similares de todos los continentes. Una recreación del Movimiento de Países No Alineados, o algo parecido al antiguo grupo de Países del Tercer Mundo. Desde luego con nombres y objetivos renovados. Teniendo en cuenta que de esta situación no se sale individualmente.

¿Quién pagará los costos de la reconstrucción?

En este escenario, en el que cada país tratará de defenderse con las uñas que tiene, ¿qué pasará con la Argentina? ¿Quién pagará los costos del parate, de la deuda y de la epidemia? Históricamente, desde la famosa “gafe” de Avellaneda “pagaremos sobre el hambre y la sed de los argentinos”, fue el pueblo llano (asalariados, pequeños productores y profesionales, jubilados, ahorristas, etc.) el que puso el hombro (incautación de depósitos, “corralito”, recorte del 13, en el 2001). La oleada de suspensiones y reducción de 25%  que acordaron algunos sindicatos (metalúrgicos, gastronómicos y mercantiles) indica que serán nuevamente los trabajadores los paguen el ajuste. Sin embargo desde la más alta conducción del Estado los cañones apuntan para otro lado. La oferta a cara de perro, con “quita y espera” a los bonistas, la reprogramación de pagos al FMI y el proyecto para gravar las grandes fortunas, trasunta la voluntad indubitable del presidente y de su vice de priorizar al pueblo argentino. ¿Habrá llegado la hora de “barajar y dar de nuevo”, como decía Jauretche?

Esta firmeza en el peronismo gobernante, que no casualmente integra Cristina Fernández de Kirchner, genera una gran preocupación en los cenáculos neoliberales. Probablemente el mundo no esté a las puertas de una revolución, pero algunas cosas serán diferentes cuando la peste se diluya. En Argentina, los que ganaron con el modelo macrista, los que se llevaron los dólares a paladas, los que embolsaron cientos de millones, tendrán que poner una fracción, por las buenas o por las malas.

El ejemplo de San Martín

Sobran ejemplos en la historia argentina para respaldar estas medidas excepcionales que afectan la “libertad” de los ricos. San Martín, siendo Gobernador Intendente de Cuyo, recurrió -dice Moulins- “a una contribución directa al capital sobre la base del valor de la tierra, es decir de su riqueza positiva y segura”. También el Gran Capitán -cuenta Norberto Galasso en Vida de San Martín- echó mano a empréstitos forzosos, diezmos, expropiaciones, encarcelamientos, confiscaciones y “aprietes” a las familias más poderosas de Cuyo. Con estos mecanismos el Padre de la Patria levantó de la nada el Ejército de los Andes y liberó a estas tierras de la opresión absolutista.

Los recursos hay que buscarlos en los bolsillos de quienes lo tienen

Llegó la hora de apoyar en las espaldas de los ricos el costo de la reconstrucción. En estos momentos son varios los países que están elaborando las medidas para que eso sea así. Alemania, España y Ecuador son algunos de ellos.

En Argentina, además de ejemplos históricos, existen herramientas jurídicas y tecnológicas para avanzar en esa línea. Es un principio básico de administración sacar los recursos de los lugares en que se encuentran. También es de estricta justicia que sean los que más tienen los que más contribuyan en situación de riesgo epidemiológico y social. Máxime cuando una parte importante de esas inmensas fortunas se hicieron de manera espuria, perjudicando a las mayorías populares, defraudando al Estado, evadiendo impuestos, escondiendo bienes y  fugando divisas al exterior.

Operaciones mediáticas

La disputa va a ser muy dura. Ya  comenzaron los operadores mediáticos la operación de desgaste: “la afectación del clima de inversión”, “las grandes empresas dan trabajo, no es momento de subirle los impuestos”, “no van a venir los capitales”, “esto afecta la seguridad jurídica”, “dejaremos de ser un país serio”, “estamos yendo a una dictadura”, “vamos camino a Cuba y Venezuela” y unas cuantas “zonceras” más, al decir de Arturo Jauretche. También hay algunos medios que se adelantan al futuro. Clarín, el 27 de Abril, cuando el proyecto aún no se había presentado en el Congreso, tituló en tapa: “Freno judicial para el proyecto del impuesto a la riqueza”. Cosas de Mandinga. ¿Será que Rosencrantz, el hombre de ese monopolio en la Corte, ya le adelantó ese resultado a Magneto?. El multimedio está con muchos temas. No le gusta el acercamiento (aparente) de Rodríguez Larreta a Alberto Fernández y a Axel Kicillof. En poco tiempo sacó cinco notas maltratando a su socio de siempre. Por otro lado dio instrucciones de operar en contra de la propuesta de negociación a la baja de la deuda Argentina, dado que tiene en su haber $ 1.186.000.000 en bonos.

Poder Judicial ¿freno de mano al avance popular?

El Poder Judicial, que contadas veces fue independiente, actualmente está colonizado en su mayoría por el poder económico, en algunos fueros más que en otros. Alegando una aparente neutralidad ideológica, los jueces facilitan, por acción u omisión, el atropello de los derechos del pueblo. Durante el gobierno de Macri, la creación de causas falsas, las detenciones arbitrarias y contra derecho fueron moneda frecuente para tratar de silenciar a la oposición y con un objetivo principal que era encarcelar y proscribir a Cristina Fernández, pretendiendo reproducir lo hecho a Lula en Brasil. No lo lograron con ella, pero sí con valiosos compañeros y compañeras que aún hoy padecen aberrantes detenciones. Y cuando algún magistrado se desmarca y hace declaraciones en contra de ese funcionamiento y denuncia al neoliberalismo imperante lo intentan sancionar. Así le ocurrió en estos días a un camarista valiente como Juan Ramos Padilla. El Consejo de la Magistratura lo viene persiguiendo sin tregua desde hace tres años, por el “delito” de escribir unos tuits criticando al poder concentrado.

Jurisprudencia del alto tribunal

Con el Poder Judicial cómplice, donde sólo un pequeño grupo de jueces se rebela, cabe preguntarse qué viabilidad tiene, en caso de convertirse en ley, el proyecto que grava el patrimonio de los archimillonarios, en su mayoría con dineros mal habidos. La Corte Suprema, intérprete final del derecho, tiene una larga jurisprudencia que autoriza la aplicación de “remedios extraordinarios ante acontecimientos extraordinarios” (Fallos: 238:76; 318:1887), “donde es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad” (Fallos: 200:450). Pero también la misma Corte ha impuesto límites muy severos a la legislación de emergencia. Ha dicho el alto tribunal: “la restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales” (Fallos: 243:467; 317:1462).

Reforma judicial e impuesto de emergencia

Nadie puede ver el futuro como Clarín. Sin embargo parece difícil que sin una reforma judicial en serio y a fondo, una ley necesaria como la de gravar a los ricos pueda aplicarse, una vez que el Congreso la apruebe. Esa reforma judicial, además de echar a los jueces corruptos y comprometidos abiertamente con las corporaciones, los desfalcos, las extorsiones, etc., debe implicar, también, la ampliación de la Corte Suprema. El Máximo Tribunal necesita actualizarse, equilibrarse por género y desprenderse de los lobistas. La Argentina atraviesa una situación de inusual gravedad, pero la herencia dejada por el macrismo, la deuda y los efectos devastadores de la pandemia pueden resolverse si los que fugaron más de 500.000 millones de dólares ponen una pequeñísima parte de su patrimonio, que ni les hace mella.

La Argentina está frente a un cambio de paradigma. Hace falta que los ricos paguen sus deudas con la sociedad para poner en marcha nuevamente el país. La dupla de los Fernández está dispuesta a “barajar y dar de nuevo”.